El vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, apelaba ayer a respetar los tiempos de la justicia en lo referente a la situación de la planta de Alu Ibérica, bajo el mando del nuevo administrador judicial. No obstante, en el ámbito puramente empresarial, el titular de Economía incidía de nuevo en la necesidad de unos precios energéticos competitivos.

“A xustiza está actuando e está actuando con contundencia, por tanto, creo que temos que respectar tanto os tempos, como as diferentes decisións que se poidan ir adoptando”, resumía Conde. 

Precisamente, está previsto que hoy se haga cargo de la situación el nuevo administrador judicial, el abogado gallego Ramón Juega Cuesta.

“É un contexto importante para atopar unha solución, pero a solución real, para manter os postos de traballo pasa, unha vez máis, polo prezo enerxético”, algo que Conde recordó que le trasladó a la ministra de Industria, Reyes Maroto en su visita de la semana pasada.

Añadía el conselleiro que en esa visita “lle concretamos que a única solución para Alu Ibérica é que realmente comprometa un prezo enerxético estable e competitivo”.

“A visita da ministra serviu, unha vez máis, para trasladar intencións, pero non compromisos”, motivo por el que desde la Xunta apelan a que en las próximas semanas “O Goberno asuma o liderado para atopar un socio industral”, sin dejar de lado la adopción de unos precios energéticos competitivos.

Todo esto en el campo mercantil, ya que, incidía de nuevo Conde, “dende o punto de vista xudicial será o administrador xudicial o que poda marcar os tempos”.

Reunión

Precisamente, la visita de la ministra de Industria la pasada semana sirvió para constituir una mesa de trabajo a tres bandas, de la que participará el propio Ejecutivo estatal, la Xunta de Galicia y el comité de empresa de Alu Ibérica.

Era el propio comité el que tildaba esta reunión del jueves como vital, una reunión en la que Maroto aseguraba que la operación de venta de la planta había sido “nefasta”, ya que el inversor escogido para la venta de las fábricas de A Coruña y Avilés, en aquel momento regentadas por Alcoa, “no era solvente”.

Posteriormente, la planta volvió a ser vendida a otra sociedad, esta última investigada actualmente por la posible descapitalización de ambas plantas, coruñesa y avilesina.

Esta investigación fue la que provocó que la Audiencia Nacional decidiera recientemente nombrar un nuevo administrador judicial, que marcará los tiempos a partir de ahora.