El Delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones Conde, ha facilitado las cuentas de las inversiones en Galicia que viene a ser un resumen de los cumplimientos de Madrid con la autonomía. Durante el primer semestre, suma el Delegado, casi cuatro mil millones para la actividad económica y social de Galicia .A esa cantidad hay que sumar los casi diez mil millones en transferencias a la Xunta. A esto le suma el Delegado del Gobierno la rebaja en la autopista (AP-9) que se añade al escudo social para los más necesitados

La suma de todas las ayudas, según el señor Miñones Conde, suponen un record (son casi diez mil millones) que viene a ser una discriminación positiva.

No hará falta decir que esas cantidades servirán, en primer lugar en partidas para la sanidad y para servicios sociales, vivienda y sectores agrícolas e industriales.

Ya anuncia el Delegado del Gobierno, que a lo largo de este año y el siguiente, llegarán nuevas transferencias para recuperación y atención social a toda España.

Se trata, qué duda cabe, de los fondos que Europa envía para amortiguar los daños del covid-19 y emprender un camino de recuperación.

Parece normal que ahora la Xunta, con esa inyección monetaria, explique sus proyectos y cumpla con la tarea prometida. De ahí que le pida a Feijóo lealtad institucional y el cumplimiento de un programa que sirva para la protección del tejido empresarial y, a la vez, de los ciudadanos más vulnerables.

Ahora la corresponde a la oposición vigilar, y acompañar, la tarea del ejecutivo gallego que no puede dejar pasar “el maná” convirtiéndolo en una pelea artificial de tintes políticos.

Al parecer la respuesta de la Xunta es la promesa de reducir impuestos cuando la urgencia es iniciar el gasto –la inversión– en sectores tan castigados como la sanidad y la educación. Emular al PP madrileño no es una buena idea.

Ante las cuentas ya no valen más cuentos. Quedamos a la espera de conocer cuándo, dónde, cómo, la Xunta se remanga y pone al tajo.