12º-13º
domingo | 22 diciembre | 2024
El administrador judicial de las fábricas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, Ramón Juega Cuesta, le trasladó a la plantilla su intención de hacer un requerimiento a Alcoa, la antigua dueña de la planta, para que abone las deudas e impagos que tiene contraidas con sus trabajadores.
Juega fue nombrado como administrador judicial por la Audiencia Nacional durante el proceso de intervención tras los indicios de descapitalización durante las operaciones de venta consecutivas a las que fueron sometidas las plantas alumínicas de A Coruña y Avilés, primero de Alcoa a Parter y luego de la segunda al Grupo Riesgo.
En el mensaje trasladado a los empleados de la planta avilesina, el nuevo administrador les habría hablado también de otras opciones para “minimizar el impacto de la inactividad en la plantilla”. Juega se reunió con el comité de empresa de la factoría asturiana, al que le trasladó también que está trabajando a “marchas forzadas” ya que lleva poco tiempo en este cargo.
El primero de los pasos que se marca el nuevo administrador es el de poder tener acceso, además del control, a toda la documentación, con el fin poder rehacer la contabilidad de la planta, ya que la más reciente de que dispone es de hace tres años, del 2018.
El equipo que dirige el administrador judicial se está dirigiendo a los clientes, proveedores y entidades bancarias de Alu Ibérica, con el objetivo de elaborar un informe, “tratando de proteger los derechos de los trabajadores”.
Con esta información, el comité de empresa avilesino, como ya criticó en el pasado, al igual que el de A Coruña, las sensaciones son preocupantes, ya que se debería dinero a proveedores, algo de lo que alertaron los trabajadores hace meses, así como a clientes, e incluso a la plantilla, que en más de una ocasión denunció retrasos e impagos de nóminas.
No obstante, la nueva administración confía en poder tener pronto una visión de la fábrica para poder dar soluciones a los problemas, que es lo prioritario en este punto del proceso.
Ambas partes quedaron emplazadas para la primera semana de septiembre, en la que la administración judicial espera poder dar un informe sobre la situación real de la empresa.
En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en A Coruña y Avilés después de un largo proceso que empezó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.
La compañía norteamericana justificó en aquel momento su decisión en los altos costes que tenía la electricidad en España, aún mayores en la actualidad, la necesidad de hacer grandes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.
