La exministra de Exteriores Arancha González Laya deberá comparecer presencialmente este lunes a las 13.00 ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, como investigada en el caso de la entrada a España por la capital aragonesa del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

El magistrado rechazó una solicitud formulada por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de la ministra, para que González Laya declarara por videoconferencia, por lo que deberá comparecer de manera presencial al considerar el juez que “no ha lugar” a la declaración telemática, como explicó el abogado que representa a la acusación popular, Antonio Urdiales.

El juez investiga la llegada de Ghali a la Base Aérea de Zaragoza el 16 de abril en un avión medicalizado, acompañado por otra persona, para ser tratado del covid severo que padecía en el hospital San Pedro de Logroño, adonde fue trasladado en una ambulancia del servicio de Salud de La Rioja.

El magistrado accedió a citar como investigada a González Laya después de que su jefe de gabinete, Camilo Villarino, investigado también en esta causa, admitiera ante el juez en Zaragoza el pasado día 13 que recibió instrucciones de la exministra para facilitar la entrada en el país de Ghali con la “máxima discreción”, ya que la divulgación pública del viaje podría causar un “perjuicio” a las relaciones internacionales.

El mismo 13 de septiembre, el teniente general y segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Fernández, en su calidad de testigo, confirmó que Villarino le pidió por WhatsApp que a la llegada del avión a Zaragoza no se realizara el control de pasaportes a los viajeros y que le escribió la frase: “quien lo tiene que saber, ya lo sabe”.

También está prevista este lunes la declaración como testigo de José María Muriel Palomino, que en el momento de la llegada de Ghali a España era secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y que fue cesado el 21 de julio por el ya nuevo ministro, José Manuel Albares.

Testigo

Además, Lasala citó a declarar como testigos en el caso a Susana Crisóstomo, directora de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a María Isabel Valldecabres, que era jefa de gabinete de la entonces vicepresidenta Carmen Calvo.

En una providencia dictada el 24 de septiembre, el juez fija las declaraciones de Valldecabres y Crisóstomo para el día 18 de octubre a las 12.30 y 13.00.

El letrado de la acusación popular también solicitó la comparecencia como testigo de la propia Carmen Calvo, pero el juez prefiere esperar al resultado de las declaraciones de Valldecabres y Crisóstomo antes de decidir.

Sobre este caso, el actual titular de Exteriores solicitó dejar trabajar a la Abogacía del Estado y la Justicia para resolverlo.