Los mariscadores de la ría de O Burgo emplazaron a la Xunta y al Gobierno a encontrar una “solución” al abono de sus indemnizaciones mientras se acomete el dragado, al no existir acuerdo a nivel político sobre quién debe asumirlas, tal y como se constató durante el encuentro convocado por el colectivo al que asistieron, entre otros representantes, la conselleira Rosa Quintana, y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas. El portavoz de los mariscadores, Manuel Baldomir, señaló que ni una ni otra ofrecieron una “solución política”, con lo que acordó solicitar a los servicios jurídicos de ambas administraciones que se encarguen de “dirimir quién tiene la competencia” en las compensaciones durante el saneamiento.

La representante autonómica instó al Ejecutivo de Sánchez a abandonar el “inmovilismo” y las “reticencias” para hacerse cargo de las indemnizaciones “malia ser a súa competencia exclusiva”, como señala el informe externo encargado a un catedrático de la Universidade de Santiago. Además, “sería a primeira vez na historia que o promotor da obra non é o que ten que indemnizar”, ironizó Rosa Quintana.

Asimismo, señaló que, teniendo en cuenta que la obra se licitó por 48 millones de euros y se adjudicó por 32, “teñen aí un remanente e é ben fácil entender que os maiores damnificados dunha actuación da que se vai beneficiar toda a sociedade e sería o xusto compensalo”, añadió la conselleira de Mar. Incidió en que el Estado “incluíu no proxecto de dragaxe algunhas melloras propostas polos concellos durante a fase de alegacións que elevan o seu custo en dous millóns de euros e que deberían ter previstas tamén as compensacións para as mariscadoras e mariscadores” de la ría de O Burgo.

En cualquier caso, Quintana reiteró la “vontade de colaboración” de la Xunta para dar una salida a la situación y evitar más perjuicios al sector que, “malia non ser competencia súa, presentou unha proposta de plan social no que participasen todas as administracións implicadas” hace casi tres años, en enero de 2019.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, reiteró que le corresponde a la Xunta asumir las compensaciones que le corresponden, hasta en cinco materias en el ámbito de la ría de O Burgo. En concreto, en “pesca, marisqueo, flora y fauna, transporte marítimo y vertidos líquidos”, detalló Rivas.

La subdelegada también indicó que el Gobierno incorporó “una partida de 600.000 euros para aportaciones a los mariscadores por su participación en el proyecto de regeneración” y se comprometió a trasladar la angustia del sector a Transición Ecológica.