El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ha comparecido este martes como testigo ante el tribunal que investiga la supuesta adjudicación fraudulenta de sondeos durante su etapa en el Elíseo y, aunque ha guardado silencio apelando a la separación de poderes, sí ha querido dejar claro que considera "inconstitucional" su citación.

El juicio deriva de una denuncia de la organización de lucha contra la corrupción Anticor, que puso en cuestión la concesión de 300 sondeos durante la etapa en que Sarkozy estaba el frente del Elíseo, porque se trataba de encuestas encargadas a dedo o carecían de utilidad.

Cinco excolaboradores de Sarkozy se sientan en el banquillo --entre ellos Claude Guéant, exsecretario general de la Presidencia--, pero el antiguo mandatario está protegido por una inmunidad derivada del cargo que ocupaba entonces. La acusación solicitó con éxito que declarase al menos como testigo.

El exmandatario ha evitado responder a las preguntas, durante una vista que ha durado apenas 45 minutos. "Si respondiese a sus preguntas, la separación de poderes no existiría", ha dicho Sarkozy ante la sala, en una de sus escasas declaraciones, según la cadena BFMTV.

"Como presidente de la República, no soy responsable ante un tribunal, sino ante los franceses", ha esgrimido. En este sentido, ha recordado que la Constitución establece una "inmunidad definitiva" para el jefe de Estado y ha recalcado que, al mostrarse en contra, no quiere protegerse a sí mismo sino a la institución.

Para Sarkozy, la citación es "inconstitucional" y "totalmente desproporcionada" en este caso, uno de los varios frentes judiciales que le salpican y que, pase lo que pase, no supondrá para él ningún tipo de condena penal por la protección de la que sigue gozando.

En marzo, Sarkozy fue condenado a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias y, en septiembre, a un año de cárcel por la financiación ilegal de una campaña electoral. Tiene también pendiente un juicio relativo a otra campaña, la previa a las elecciones presidenciales de 2007, en particular por las dudas sobre el dinero que recibió entonces del régimen libio, comandado por Muamar Gadafi.