Cuando se habla del problema de la vivienda, el debate se encona entre aquellos que opinan que la solución es aumentar la oferta y los que opinan que ya existe un número importante de pisos vacíos, y que por lo tanto, lo que importa es regularlo. La alcaldesa, Inés Rey, se declaró la semana pasada en contra del libre mercado, por ejemplo. A día de hoy se contabilizan miles de viviendas vacías, lo que es un poderoso argumento a favor de la regulación, pero hay que tener en cuenta también el estado. Son los edificios más viejos y abandonados los que están desocupados. Una prueba de ello es que el 36% de los inmuebles de la Ciudad Vieja y el Orzán no tienen residentes.  

Para ser más precisos, a estas zonas habría que añadir La Marina y Los Cantones, puesto que todos juntos forman el distrito 1, pero hay que reconocer que en estos dos últimos el número de pisos vacíos parece bastante menor. Pero es en la Pescadería donde se encuentra el valor más extremo con las calles Olmos y Real. Allí, el 42% de sus más de 1.120 viviendas están desocupadas. Son datos extraídos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y elaborados por Demosgal para El Ideal Gallego. 

En mal estado 

Las estadísticas señalan que el 23% de los hogares no cuentan con ningún residente. Es decir, 31.568 en total. Un número enorme si se tiene en cuenta que la oferta de alquiler ronda los 300, lo que quiere decir que hay cien veces más pisos vacíos que en oferta de alquiler, sobre todo en el centro, como se ha señalado, donde existen muchos edificios en mal estado. En otras zonas la situación es muy distinta.

Pero, aunque se distribuyan de forma muy distinta por el municipio, en ninguno de los distritos la proporción de pisos vacíos baja del 18%. La conclusión que se desprende es que existen muchos factores que explica por qué se mantiene la vivienda desocupada, incluso en un contexto continuo de precios de alquileres al alza. Aunque en los diez distritos de la ciudad existe un buen porcentaje de pisos vacíos, estos se concentran sobre todo en los barrios donde es más patente el deterioro urbanístico: edificios vacíos, en muchos casos abandonados, construidos durante la época del desarrollismo de finales de los sesenta y de los setenta y que se encuentran en malas condiciones. 

Los coruñeses están acostumbrados a ver estos edificios cuando pasean por las calles: sin instalaciones adecuadas, sin ascensor, sin garaje propio, sin haber sido rehabilitadas en 50 años. Muchos están tapiados o con la fachada cubierta por un andamio. Desde la Ciudad Vieja a la Sagrada Familia. 

El estudio permite concretar el espacio más allá de las divisiones de los diez distritos coruñeses y divide la ciudad en 130 secciones distintas permitiendo distinguir los puntos en los que los viejos edificios se concentran en zonas que han perdido habitantes y actividad comercial.  Es interesante señalar que en el barrio de la Sagrada Familia, donde existe una mayor densidad de población, en las calles Francisco Añón y José Baldomir el 24% de los pisos (901) se hallan desocupados. En el distrito siete, el más extenso, destaca el caso de O Martinete, donde el número de viviendas desocupadas es del 35% (de 1.319) y la parte que más se dedica a alojamiento de estudiantes, en Elviña. 

Rehabilitación 

El Ayuntamiento está tratando de solucionar el problema fomentando la rehabilitación mediante subvenciones, previsto en 284 viviendas de Barrio de las Flores (126), Labañou-Grupo María Pita (40), Ventorrillo-Casas de Franco (76) y Ciudad Vieja (42). Pero por el momento se ha realizado ninguna convocatoria. Estas obras han de estar finalizadas antes de dos años y están pendientes de todos los trámites. 

El portavoz popular, Miguel Lorenzo, criticó que el Gobierno local dejase sin ejecutar dos de cada tres euros en 2023 para subvencionar la instalación de ascensores en edificios: “Es una situación que padecen muchos barrios con edificios antiguos y gente con pocos recursos y estas subvenciones son imprescindibles para garantizar la autonomía de las personas mayores, de las que tienen movilidad reducida o con alguna discapacidad”, declaró en un pleno Lorenzo. Según la liquidación, el remanente sin gastar de estas subvenciones es de 990.000 euros de 1.450.000 euros presupuestados, lo que supone que Inés Rey no ejecutó el 68%. En parte, el problema es la farragosa tramitación.

Por otro lado, la alcaldesa, Inés Rey, se mantiene firme a la hora de solicitar de la Xunta declaración de zona tensionada en A Coruña, que tiene el alquiler más caro de toda Galicia. A pesar de los recelos que provoca que esta iniciativa no consiguiera rebajar el precio en otras ciudades, como Barcelona, Rey sigue adelante. Asegura que permitirá reducir en 450 euros al año el precio de alquiler y que no afectaría a los arrendadores, que se beneficiarían de una reducción de un 90% en los impuestos. “No podemos renunciar a esa posibilidad”, declaraba la semana pasada.