Dos acusados de crear una entidad para dar "apariencia de legalidad" al cultivo y venta de cannabis -- Asociación Recreativa y Terapéutica de Cultivadores, Pacientes y Usuarios de Cannabis de A Coruña -- y de captar electricidad fraudulentamente para cultivar las plantas han aceptado penas de entre tres y dos años de prisión, además del pago de multa. No obstante, los procesados no entrarán en prisión tras un acuerdo de las partes.

Lo han hecho en un juicio fijado para este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña y tras un acuerdo entre Fiscalía y defensas al reconocer los hechos los encausados y acordarse una rebaja de la condena.

Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba nueve años de cárcel para cada uno de ellos. Tras el pacto alcanzado, uno de los condenados ha aceptado dos años de prisión por cooperación y/o favorecimiento de asociación ilícita así como una multa de 1.440 euros; un año de cárcel y una multa de 33.517 euros por delito contra la salud pública y una multa de 360 euros por leve defraudación de fluido eléctrico.

El otro encausado, por su parte, ha aceptado un año de prisión por cooperación y/o favorecimiento de asociación ilícita, así como una multa de 1.440 euros y las mismas penas que el otro procesado por el resto de los delitos cometidos.

Con todo, los letrados solicitaron la suspensión de las condenas de prisión impuestas y el fiscal aceptó la petición. El tribunal acordó la suspensión firme de las penas.
 

Según recoge el escrito de Fiscalía, uno de los acusados fundó en mayo de 2012 una entidad que desarrollaba sus actividades y que se publicitaban en diferentes redes sociales mostrando gran variedad de plantas estupefacientes a las que terceros podrían acceder previa alta como miembro y/o socio de la asociación mediante el pago de una cuota anual.

La constitución tenía como objetivo, según el Ministerio Público, "dar apariencia de legalidad" a la actividad real consistente en el cultivo y distribución de sustancias estupefacientes a terceros mediante precio.

El propietario de la empresa alquiló en Betanzos una vivienda para realizar el cultivo y acopio de las plantas de sustancia estupefaciente y en dicho inmueble captaba la luz de forma fraudulenta lo que produjo un prejuicio a la empresa administradora del suministro de casi 872 euros.

Ese hecho era conocido por el otro acusado que era la persona que "de manera exclusiva y directa" realizaba tareas de mantenimiento en la finca favoreciendo la actividad real perseguida por la asociación.

En los meses de febrero y mayo de 2021 los efectivos de Aduanas realizaron seguimientos y vigilancias de la actividad realizada por la empresa. En mayo de 2021 procedieron a registrar la finca y el local de la asociación en el que hallaron diferentes objetos para el cultivo y plantas de tamaños variados.