“Podemos decir, después de 40 días en los que hemos vivido un conflicto en dos servicios que son esenciales, recogida de basuras y limpieza viaria, ya podemos decir hoy que ha llegado el fin del conflicto, que no va a haber huelga de trabajadores en estas dos contratas y que se ha encargado entre empresa y comités”, declaró ayer la alcaldesa, Inés Rey, en un programa radiofónico. Al cuarto día, ella declaró el estado de emergencia sanitaria al considerar la situación “insostenible”. Levantará este estado de emergencia en “muy poco tiempo, 48 o 72 horas. Estamos hablando de algo con carácter inmediato”.

La alcaldesa aseguró que las empresas estaban preparando un plan para la normalización del servicio. “Lo que se va a hacer de una manera más intensa en los próximos días para que la ciudad esté en su nivel de máxima limpieza y a partir de allí se prestará el servicio con normalidad”. Rey recurrió a este término, “normalidad”, en varias ocasiones, y aseguró que existe voluntad tanto por la empresa como por parte de los trabajadores, de regresar a esa normalidad.

La regidora se mostró confiada en que “muy pronto dejaremos de ver la ciudad sucia”, con cartones y otros desperdicios junto a contenedores rebosantes.

Demandas concedidas

El día anterior había finalizado el día anterior, tras alcanzar un acuerdo el sindicato STL, mayoritario en el sector, con ambas concesionarias: PreZero en el caso de la recogida de basura y FCC en el de limpieza viaria. A última hora de la tarde del viernes, el secretario general de STL, Miguel Sánchez Fuentes, felicitó a los trabajadores por el acuerdo alcanzado, con el que consiguen prácticamente todas sus demandas y agradeció la intervención de la alcaldesa, Inés Rey, por desbloquear las negociaciones con PreZero.

Los basureros consiguieron mejoras en seguridad laboral (que se emplearan los nuevos camiones de recogida de basura) y que se retirara las denuncias impuestas contra ellos, expedientes, etc. En el caso de los barrenderos, se consiguió llegar a un acuerdo ante el servicio de mediación de la Xunta, el AGA: una subida de 17% sobre el salario base en cinco años, un 4% este mismo año (a contar desde enero) y otro 4% el siguiente, además de otras pequeñas mejoras en uniformidad y otras cuestiones.