Una de los problemas de más actualidad en A Coruña es el problema de los jóvenes inmigrantes norteafricanos que viven precariamente en la ciudad, y que ha menudo protagonizan incidentes en barrios como el de Os Mallos donde han ocupado casas abandonadas. Algunas entidades sociales, como el Comité Antisida de A Coruña (Casco) atienden a estos jóvenes, que se encuentran en una situación muy precaria. Alrededor de 110 personas acuden diariamente al punto de calor de esta entidad, situado en la calle Padre Sarmiento, la mayoría extranjeros. El 90% vive como okupa o de cualquier otro alojamiento precario.

La directora de Casco, señala también que este año que acaba de finalizar y en el que en general, “nos ha ido bastante bien teniendo en cuenta todas las circunstancias. En general, todo el mundo se ha comportado, la pandemia nos ha ido respetando”, el punto de calor ha crecido en el número de usuarios, y que en el perfil de usuarios, el extranjero está siendo el dominante. La situación parece condenada a enquistarse. Valbuena denuncia que las políticas de Extranjería “van en detrimento de poder salvar aquellos casos que nos parecen salvables, que no son pocos, gente a la que podríamos ayudar si tuviéramos herramientas legales”.

La directora de Casco advierte que estos jóvenes de poco más de veinte años no tienen ninguna salida porque “la ley no lo permite”. Para obtener el permiso temporal de residencia se exigen tres años de arraigo y aunque estudien no puedan adquirir el título hasta que tengan papeles. Eso sí, pueden optar a pequeñas ayudas económicas como la Renta Mínima, Risga, que les permiten alquilar una habitación y poco más.

Sin pruebas de arraigo

Pero eso es en el mejor de los casos. Muchos de los jóvenes magrebíes evitan a las autoridades porque tienen miedo de ser deportados a su país. Aunque esto rara vez ocurre, siempre es un peligro. Por eso evitan la red institucional lo que significa que es imposible probar que llevan tres años en España. Varios de los jóvenes que acuden a Casco se encuentran en esta situación, que dificulta su arraigo.

“Si durante tres años no te dejan trabajar ¿Qué haces? Es la pregunta que hay que hacer a los ciudadanos”, señala Valbuena que considera que hay que atenerse a los hechos consumados: “Están aquí. Muchos vienen con trece años a un país cuyo idioma no hablan”. Afortunadamente, se han producido algunas mejoras normativas, y ahora se computa el tiempo pasado en España a los que participan en programas como los de Casco y tienen menos de 23 años, lo que le permite regularizar su situación y acceder a un trabajo gracias al cual independizarse. “Es un paso de gigante –admite Valbuena– Aún así: ¿Qué hacemos con la gente de 25, 25 o 27 años que es la media?”. En su opinión, es necesario facilitar la regularización. Lo que no sirve de nada, señala, es que simplemente se les expulse de una casa: “Una pelea entre chavales la puedes tener en una casa okupa o en la calle del Orzán. Si desplazamos el problema de un sitio a otro no lo solucionamos. Hay que defender la propiedad, pero no los traslades. No son ganado, hay que tener humanidad”.