Una norma histórica para el colectivo Lgtbiq+. El jueves 2 de marzo marcó un antes y un después en la sociedad española con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley trans –y la reforma de la Ley del aborto–, dos proyectos estrella del Ministerio de Igualdad. Desde hace cinco días, tres hábiles, cualquier persona puede acudir al Registro Civil para solicitar el cambio de sexo y nombre sin tener que pasar por informes médicos o psicológicos previos que acrediten “disforia de género”. En A Coruña, desde el pasado jueves, son cerca de cuarenta las solicitudes que se han cursado en el Registro Civil de la plaza de Vigo, según fuentes de la Administración Pública. De ellas, la mayoría incluyen el cambio de nombre y sexo, y una pequeña parte, solo el nombre. 

Las mismas fuentes señalan que los interesados comenzaron a llamar antes de la publicación de la norma en el BOE para informarse sobre los trámites. Lo que no sabían desde el Registro Civil es que iban a tener que esperar la llegada de los formularios de Madrid –todavía no están disponibles–, algo que ha llevado a los funcionarios a tener que elaborar sus propios impresos para cursar las solicitudes. 

Además, la nueva ley ha coincidido con un colapso por la implementación de un nuevo programa, al dejar atrás el Inforeg para dar paso al sistema Dicireg. El perfil predominante entre los coruñeses que acudieron a la plaza de Vigo desde el jueves son mujeres en cuyo DNI figuraba un nombre y sexo masculino. Esta modificación tardará entre tres y cuatro meses en ratificarse.

La norma

Desde la Administración destacan el alto número de peticiones, debido, principalmente, a los años de espera para poder contar con una ley de estas características en el colectivo. Prevén, eso sí, que la cifra vaya descendiendo con el paso de los días. Ahora solo se necesita que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. 

A partir de los dieciséis años no hay requisitos, mientras que los menores de entre catorce y dieciséis deben estar acompañados por sus padres para llevar a cabo el proceso. Si no cuenta con su consentimiento, se nombrará un defensor judicial para resolver el conflicto. De doce a catorce se precisa autorización de un juez; y los menores de doce años no pueden cambiar su sexo legal, pero sí su nombre. El avance en derechos que supone esta norma para los españoles no ha sido fácil de lograr. 

Se ha vivido un acoso indecente y miserable hacia el colectivo de las personas trans

El objetivo siempre fue la autodeterminación de género. La activista trans y exdiputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, aseguró a este periódico en junio de 2021, cuando la ley todavía era un debate, que el colectivo había sufrido un calvario. “Se ha vivido un acoso indecente y miserable hacia el colectivo de las personas trans, que de pronto nos hemos convertido en un peligro para las mujeres o incluso para la seguridad jurídica de 47 millones de españoles”, dijo. Sobre el hecho de poder llegar a hacerse realidad la ansiada ley, adelantaba que supondría “el fin de un calvario”. 

Sobre la presencia de las personas trans en la elaboración de la norma, Antonelli explicaba: “Hemos intentado tener toda la presencia posible, pero a lo largo de todo este proceso nos hemos sentido convidados de piedra, mientras otras personas hablaban de qué derechos tenemos o no que tener”.