El número 114 de la calle Orzán ha vuelto a sus legítima propietaria, la Cocina Económica, después de que una empresa especializada expulsara a media docena de okupas (la mayoría, toxicómanos) que llevaban viviendo allí tres años, en menos de 24 horas. El gerente Dio Express, Francisco Fernández, confirmó que no fue necesario tomar medidas extraordinarias: “Vinimos el día anterior, les explicamos la situación, y aceptaron abandonar el lugar”. Según él, se trato de una “mediación amistosa”. 
 

Los recién expulsados acudieron a la Cocina Económica (de donde son usuarios) para firmar un reconocimiento según el cual, habían ocupado ilegalmente el inmueble desde 2019 y a las diez de la mañana ya estaban comenzando a sacar sus cosas: se trataba de cuatro hombres y dos mujeres, algunos de ellos de nacionalidad extranjera. Entre ellos había varios toxicómanos, según señalan vecinos de locales cercanos. “Ha habido momentos no muy cómodos, son gente que se desmaya en al calle –admite un hostelero del Orzán–. Nosotros tratamos de ayudarles, trayéndoles comida. Porque son gente que necesita ayuda, y con esto no se está solucionando el problema, solo se está apartando”. 
 

Aunque técnicamente, hablando, sí se ha solucionado el problema de la Cocina Económica, que ya podrá disponer del inmueble: Desde el principio, a los responsable de la entidad benéfica le preocupaba que no hubiera violencia de ningún tipo, y solo después de que la empresa le asegurara de que sería así, se decidieron a adoptar esta medida. Hay que señalar que la ocupación del inmueble estaba judicializada desde hacía años, sin que pareciera llegar a ninguna parte. “Antes de este grupo, había otros”, señala el experto en desalojos.  
 

Otras fuentes apuntan a que una de las okupas, además cobraba un alquiler a los otros residentes del ruinoso inmueble, a pesar de lo precario de su estado, que los miembros de la empresa de desocupación pudieron constatar: “Está que no se puede entrar, todo lleno de basura, y excrementos en el suelo”, apunta Fernández. 
 

Poco después de que los okupas se marcharan, algunos protestando y otros en silencio, bajo la vigilancia de un guardia de seguridad, hacían acto de presencia operarios para sellar los accesos y evitar nuevos allanamientos. Fernández señaló que los propios okupas corrían riesgo al vivir allí, puesto que la estructura es muy precaria. 
 

Un 41% más en un año

“En total hemos tardado menos de 24 horas –explicó Fernández, que reconoció que había sido una actuación sencilla–, aunque solo tardamos 72 como máximo en estos casos”. Llevan cera de cuatro años en A Coruña y en ese tiempo han actuado en cerca de un centenar de ocasiones. Asegura que en un solo año se han incrementado un 41% las ocupaciones.
 

La mayoría, en el barrio de Os Mallos, que se ha convertido en todo un referente en lo que se refiere al fenómeno de la okupación en la ciudad.