La Junta de Gobierno local concedió este miércoles la licencia a Vego Supermercados para la construcción de una nave comercial en Xuxán que tendrá, además, un área de estacionamiento cubierto en superficie. Esta nueva área comercial estará situada en el entorno de lo que actualmente es el principal acceso al barrio, cerca de la avenida de Monelos y en las inmediaciones de Eirís y el Barrio de las Flores. 

La superficie donde se instalará la nave cuenta con más de 6.400 metros cuadrados y los trabajos tienen un presupuesto de algo más de 1,5 millones de euros. “De esta forma, y en paralelo a los trabajos que está llevando a cabo el Ayuntamiento para urbanizar los espacios públicos entre Xuxán y Matogrande, facilitamos la creación y dotación de negocios y áreas comerciales para dinamizar el barrio”, señaló la alcaldesa, Inés Rey. 

Una vez concedida la licencia, las obras tendrán que comenzar en seis meses y concluir en 36. La Junta de Gobierno local también autorizó la concesión de licencia para la construcción de un edificio en el último solar vacío en el sector este de la avenida de Arteixo. Se trata del número 132 de la avenida, en el margen correspondiente a Os Mallos-A Sardiñeira. 

El Gobierno municipal también autorizó la ampliación, por un año más, de la encomienda a la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa) en lo referente a la puesta en marcha de un banco de viviendas de alquiler destinadas a colectivos con dificultad de acceso a la vivienda. La ampliación supondrá una inversión máxima de 325.000 euros con cargos a los presupuestos del próximo año. La Junta de Gobierno local hizo balance, a su vez, de las licencias resueltas entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre, con 197 expedientes notificados, de los que trece fueron obras en régimen de comunicado. Destaca la concesión de licencia a Merlín Retail para llevar a cabo las obras de reestructuración parcial del edificio donde anteriormente tenía actividad comercial El Corte Inglés, en Marineda City. El plazo para iniciar las obras será de seis meses y deberán completarse en un máximo de trece, desde que se pongan en marcha los trabajos.

“Excusas peregrinas” 

La alcaldesa se refirió en la rueda de prensa donde repasó los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno local al problema de acceso a la vivienda que existe en la actualidad. Rey calificó de “excusas peregrinas” los argumentos de la Xunta sobre la solicitud del Consistorio coruñés para que se declare la ciudad como zona de mercado tensionado, algo que el Gobierno autonómico rechazó alegando que “no tiene ningún tipo de estudio”. “Lo que valoro es que el precio medio del alquiler está en 600 euros y que hay más de 2.300 demandantes de vivienda en la ciudad en estos momentos. Por eso, el Concello ha pedido a quien tiene las competencias que declarase la ciudad como zona tensionada”, dijo la regidora. 

Estas cifras mencionadas, entre otras, llevaron al Gobierno municipal a solicitar la medida en base a la nueva ley de vivienda. “El problema es cuando una administración, que es la que tiene competencias, entiende la vivienda como un depósito a plazo fijo y no como un derecho constitucional”, criticó. La alcaldesa declaró, además, que la inversión en vivienda de la Xunta fue, en 2022, “de 4,5 millones de euros en toda Galicia, dejándose el 92% del presupuesto sin ejecutar”. Por ello, Rey señaló que la “inacción está clara” y calificó de “argumento peregrino” la respuesta de la Xunta, dada por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Esta última aseguraba hace unos días que la petición de A Coruña no tiene lugar ya que la ley “está recurrida ante el Constitucional”. Ante estas palabras, la regidora indicaba ayer que “además de un desconocimiento absoluto de la aplicación de la ley, es de las  peores excusas que he escuchado por parte PP y de la Xunta”.
 

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la provincia, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña y la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios emitieron este martes un comunicado conjunto en el que rechazan la solicitud del Ayuntamiento. Las cuatro entidades consideran que se trata de una medida que debe ir precedida de un ponderado análisis de las circunstancias concurrentes en cada localidad y cada barrio y, muy especialmente, de los posibles efectos negativos que esa declaración puede suponer para dichas ciudades.