La Junta de Gobierno local que se celebró ayer sirvió para dar tramité a multitud de asuntos. Entre ellos, el de la empresa concesionaria de parques y jardines, Althemia, enzarzado con el Gobierno local en una serie de recursos para dejar de prestar servicio. Su contrato finalizó hace dos años, y continúa realizando lo que se denomina continuidad de servicio hasta que se que lleva dos años prestando cuidando las zonas verdes después de que finalizara el contrato, sin que Medio Ambiente sacara a tiempo la nueva licitación. No es un caso único: servicios municipales muy importantes se están prestando de esta manera. 
 

En el caso de Althemia, después de esos dos años, el Ayuntamiento aprobó en agosto la adjudicación de los lotes, cada uno de alrededor de 1,7 millones de euros. El comité de empresa espera que el cambio no se produzca hasta el año que viene, para evitar los problemas derivados de retomar un servicio a fin de año, de manera que el proceso finalice en 2024. Pero por lo menos la renovación de ese contrato tiene un horizonte .

El caso más grave es la de la planta de tratamiento de Nostián. Albada terminó su contrato en 2019. Es uno de los más importantes y el nuevo está valorado en 220 millones de euros. 
 

En el caso de la recogida de basura, la concesión también se demoró unos dos años antes en pasar a manos de PreZero. a principios de 2021. Sin embargo, una sentencia reciente del TSXG pa declaró nulo este contrato, de 11,6 millones de euros al año, porque la concesionaria no cumplía los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. El Ayuntamiento tendrá que redactar uno nuevo muy pronto. 
 

Otro ejemplo reciente es el contrato de la perrera municipal, que cuando por fin fue licitado, ha provocado una querella criminal por parte de la empresa Más Cuidados. Este caso también figuraba en la Junta de Gobierno local de ayer, donde se aprobó la comparecencia en el recurso. Pero tampoco es que Medio Ambiente acumule todos los casos de presentación de servicio de forma irregular: una concesión igualmente importante es la del mobiliario urbano, que también se halla en continuidad de servicio y que presta Mugasa. 
 

No es un problema exclusivo de este Gobierno local. El concejal de Contratación y portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, denunció que, a comienzos de mandato, se encontraron con que había 252 concesiones funcionando de forma irregular y que desde entonces han estado tratando de regularizar la situación. Pero, como señaló el PP ayer, a esto hay que añadir que el coste de las facturas irregulares (sin contrato ) en 2022 fue de 31 millones de euros, un 18,% más que en 2021.