La alcaldesa lo tiene claro: el libre mercado no funciona y es necesario que A Coruña sea declarado zona tensionada, con el fin de regular los precios que en A Coruña son los de más altos de Galicia.  Declarar A Coruña como zona tensionada supondría, según el Ministerio de Vivienda, que se ahorrarían 450 euros al año en alquiler y que los propietarios podrían desgravar hasta el 90%. Según esto, poner límite al precio de los arrendamientos no supondría que los caseros dejaran de ingresar dinero. 

Rey se hacía eco de las palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que había visitado el solar de Xuxán donde se está construyendo una promoción pública de 50 pisos en compañía de la alcaldesa y de la conselleira de Vivenda, María Martínez. “La conversación que he tenido con ella me ha confirmado que ellos aceptarían declarar A Coruña como zona tensionada. No podemos renunciar a esa posibilidad”, afirmó. 
En esto, el Ayuntamiento no ha podido contar con el apoyo de la Xunta, que duda de la eficacia de la medida. Ante los requerimientos de información sobre el estado de la vivienda en A Coruña (es el Gobierno autonómico el que tiene las competencias), han respondido que se encuentra disponible vía internet, lo que no ha sido del agrado de la regidora. “No tengo ninguna intención de pelearme con la conselleira, en esa cuestión hay que colaborar entre todas las administraciones”, explicó Rey en un programa de RadioVoz.

La declaración de zona tensionada solo pueden efectuarla las comunidades autónomas. En el caso de los pisos de pequeños propietarios, no fija un tope al alquiler, pero en caso de renovar un contrato, solo se puede actualizar según el anterior. Si llevaba cinco años sin alquilarse, el precio lo fija el Índice de Referencia. Lo mismo ocurre si el propietario es un gran tenedor.

Es una medida de dudosa efectividad. Primero, porque no baja los alquileres. Segundo, porque en los lugares donde se ha aplicado, como Barcelona, lo que ha ocurrido es que los dueños prefieren vender antes de alquiler por menos, con los que se reduce aún más la oferta. Y segundo porque, como recordó Rey, la mayor parte de los propietarios de viviendas que se ponen en el mercado de alquiler no son fondos buitre, ni otras grandes empresas, sino simples particulares. “Personas con un piso heredado de sus padres, de los abuelos, jubilados que con eso completan su pensión... De esos hay muchísimos. Esa gente tiene derecho a tener esos pisos y disfrutar de esa renta”, enumeró. 

También recordó que, supuestamente, la medida de zona tensionada sería provisional. “No es para siempre –insistió–, no es que se tenga que cobrar x euros por el alquiler para siempre sino durante un tiempo, hasta que no se solucione esta situación”. 

Escasa oferta

Las dificultades de acceso a la vivienda son grandes porque existe muy poca oferta de alquiler y los precios son elevados. “Hay gente que destina el 80%  y el 100% de su salario para el alquiler, y eso es incompatible. Los salarios medios no van acompasados al alza de precios de alquiler. Eso hay que regularlo porque está claro que el libre mercado no lo regula. Estamos privando de vivienda a muchos jóvenes pero también estamos poniendo en situaciones complicadas a personas mayores o personas que se quieren divorciar y no pueden, porque no encuentran piso”, comentó. 

Aunque Rey no confíe en el libre mercado, sí parece conceder que algo tiene que ver en el precio de la vivienda la ley de la oferta y la demanda. Por eso destacó la importancia de la construcción de vivienda pública. Puso como ejemplo la promoción municipal de 50 viviendas en la parcela Z-37, aunque no mencionó el hecho de que este proyecto es fruto de un acuerdo judicial al que se llegó para evitar el derribo del Edificio Conde de Fenosa, y que fue una exigencia del arquitecto demandante, no una iniciativa municipal. 

Uso turístico

Esto lleva a otra regulación: la ordenanza de pisos de uso turístico, que esta semana se ha sacado a consulta pública para que se puedan formular alegaciones.  “Es cierto que estamos asistiendo a una explosión de los pisos turísticos. Los modelos de turismo van cambiando y hay que dar respuesta, pero también tienen que estar regulados”, defendió la alcaldesa. Esta nueva ordenanza pretende dar garantías a propietarios, turistas y comunidades, pero a nadie se le oculta que la razón es restringir la aparición de nuevas viviendas de alquiler vacacional “muchísimo más rentables” que se detraen del mercado normal. 

“No puede ser libre albedrío, tiene que regularse, y confiamos en que se empiece a revertir esta situación”, aclaró. La ordenanza obligaría a limitar las viviendas de uso turístico a bloques completos en la zona centro y a plantas bajas y primeros pisos en el resto de los inmuebles. Más que un mercado libre, será un mercado municipal. 

Miguel Lorenzo: “La Ley de Vivienda crea inseguridad jurídica”

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, criticó que “sobre el Estado, la Ley de Vivienda crea inseguridad jurídica y no se sabe nada de la viviendas de la Sareb prometidas; el Gobierno municipal retrasa la tramitación de licencias, no ejecuta subvenciones, no avanza en viviendas municipales anunciadas o firma convenios sin transparencia”.

Para Lorenzo, “hay dos maneras de afrontar el problema de la vivienda: con soluciones, como la Xunta, o con trabas, como Estado y Ayuntamiento. Tampoco hay ni una vivienda municipal de las anunciadas: por el edificio de Marqués de Pontejos seguimos esperando (más de dos años en obras, prorrogada dos veces) y ni una piedra colocada del edificio de Xuxán del acuerdo por el edificio Conde de Fenosa”.