La vuelta de vacaciones es un momento duro, y a algunos les cuesta más que a otros. Sobre todo, si se gobierna en minoría, como ocurre en el Ayuntamiento, donde Inés Rey deberá negociar con el BNG unas nuevas cuentas para 2025, como consiguió hacer, en tiempo y forma (aunque in extremis) para las de este año. Aprobar unos presupuestos es deber de todo Gobierno, pero también ejecutarlos, y estos días se ha conocido el estado de liquidación de cuentas de 2023, cuyo presupuesto se había prorrogado de 2022. En su informe, el interventor municipal tacha de “importante problema estructural”: los contratos de servicios caducados.

El presupuesto ascendía a 310 millones de euros a lo que se añaden otros 107 millones de euros de remanentes, llegando a 417 millones, aunque la capacidad estimada de recaudación es de 331,7 millones de euros (incluido remanentes). Se recaudaron 289 millones y quedaron pendientes de cobro 27 millones y la inversión real fue de 47 millones. La desviación entre los presupuestos reales fueron 99 millones. Al final, el remanente de 2023 fue de 63 millones de euros.

Los trabajos siguen a buen ritmo y se espera que hayan concluido en febrero

En su informe, este funcionario, recuerda que ya se han producido varios reparos suspensivos porque en el anterior ejercicio vencieron muchos contratos, varios de ellos importantes, y a pesar de que se reforzó la Oficina de contratación, no se pudieron licitar los nuevos antes de que finalizaran los anteriores. Los servicios, claro está, no dejan de prestarse, pero la empresa sigue trabajando sin contrato. Algunos son muy importantes.

El interventor considera que el Gobierno local está cometiendo un “incumplimiento legal permanente”. Hay toda clase de concesiones caducadas, algunas muy importantes, como la de la planta de reciclaje de basuras de Nostián, pero también muchas en deportes. El interventor recalca que al seguir prestándose los servicios sin un contrato, la inflación de los últimos años provoca un aumento de precios que tienen que asumir las propias concesionarias lo que genera “tensións constantes” porque siempre están solicitando compensaciones económicas, pero sin un respaldo legal.

Reparos

Debido a estas y a otras irregularidades, el Gobierno ha merecido numerosas quejas del interventor por el estado poco ordenado de sus cuentas. Estos ‘reparos’, como se denominan, abarcan 21 pagos por productividad a empleados municipales para los que el interventor no considera que reunían los requisitos legales.

Otro reparo importante afecta al nuevo impuesto sobre residuos. Los coruñeses lo pagaron  en enero del año pasado, pero sin pasar por el procedimiento preceptivo, por un total de 635.244 euros. Esta ausencia del debido proceso administrativo es algo que ocurre con relativa frecuencia. Por ejemplo, en el pago de la Cena del Deporte: instalación de pista (24.375 euros), megafonía (6.548 euros) y catering (56.54 euros). El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), a través del cual el Ayuntamiento organiza los eventos culturales, se ha hecho merecedor de hasta 22 de estos reparos.