La negociación de los presupuestos sigue avanzando. Ayer, en la reunión de la Mesa Social de la vivienda coincidieron el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Juan Díaz Villoslada, y la portavoz del grupo municipal de la Marea Atlántica, María García, y ambos coincidieron en que, aunque no hay acuerdo con los muelles del puerto, y no se espera alcanzar uno para incluir la compra de Calvo Sotelo y Batería en los presupuestos, este escollo no afectará la negociación de las cuentas de 2022. “Ese non pode ser o punto que atasque os orzamentos para o Concello de este ano”, declaró el concejal.

Villoslada trató de quitarle hierro al asunto al mismo tiempo que admitía “puntos de desencontro”. Según él, no en la filosofía global, que pasa por garantizar la titularidad pública de los muelles una vez se traslade toda la actividad comercial a punta Langosteira, pero sí en “garantizar algunhas formas de viabilidade económica da Autoridad Portuaria”.

Es decir, que el Gobierno de Inés Rey estaba dispuesto a invertir 15 millones de euros en la compra del 75% de la superficie de estos dos muelles que forman la zona 1 (en realidad, la idea partió del Ayuntamiento) pero para la Marea, estos terrenos son de la ciudad, que los cedió en su día al puerto, y si la actividad cesa, debe restituírselos. En cuanto a la deuda millonaria que el puerto contrajo con la construcción de punta Langosteira, la Marea insiste en una condonación de la deuda.

“Nós sempre dixemos que os orzamentos teñen que servir para a cidade. Pero confío en que poidamos chegar a un acordo. A postura da Marea está clara: non vemos defendible incluir unha partida orzamentaria para adquirir Calvo Sotelo e Batería. Entendemos que, con todo, o acordo é posible”, declaró García.

Renegociar la deuda

Todo esto, naturalmente, supone un problema para la Autoridad Portuaria, cuyo presidente, Martín Fernández Prado, contaba con firmar un protocolo con el Ayuntamiento que serviría, a su vez, para renegociar la deuda con Puertos del Estado, lo que permitiría rebajar las cantidades que deben pagar cada año. En el actual tendría que pagar un plazo de 7,5 millones de euros, a menos que consiga renegociarlo, para lo que aún tiene tiempo hasta mediados de este año.

Es cierto que al Ayuntamiento le correspondería abonar 15 millones pero, como señaló Prado, no se trata de incluir esa cantidad en los presupuestos de 2022, puesto que el acuerdo es pagarlo a plazos hasta 2035. Es decir, que son 1,1 millones de euros al año. Pero para la Marea se trata de una cuestión de principios: considera que esos muelles pertenecen a la ciudad e insisten en la condonación de la deuda aunque desde el Gobierno central aseguran que no es posible, de manera que la firma del protocolo parece condenada a dilatarse.

La primera reunión de la mesa de la vivienda se celebró en el centro cívico de Os Mallos

El centro cívico de Os Mallos acogió la primera mesa de trabajo para elaborar un plan municipal por el derecho a la vivienda 2022-2026. Esta iniciativa se enmarca dentro de las negociaciones presupuestarias entre el Gobierno local, y la Marea, cuyos votos precisa para aprobar las cuentas. Por eso mismo, los concejales mareantes María García y Iago Martínez están presentes en ella, así como varias asociaciones que combaten el sinhogarismo o están relacionadas de algún modo con el derecho a la vivienda. Mañana se celebrará otra mesa, más institucional.

“Poucas cuestións hai máis importantes que o dereito á vivenda. É un requisito mínimo para poder levar a cabo unha vida digna”, declaró García. Las dos formaciones (el PSOE y la Marea) acordaron dedicar este año nueve millones de euros para las políticas municipales de promoción de vivenda pública, rehabilitación y alquiler social. “Este plan municipal ten que trascender esa perspectiva da vivenda como obxecto de mercado e ten que ver a vivenda como un dereito”, continuó la concejala. Se trata, en realidad, de un esfuerzo entre todas las administraciones.