La redacción del proyecto para el nuevo contrato del transporte público de la ciudad se licitará, previsiblemente, en los próximos días. Esto no será suficiente, sin embargo, para conseguir que dicho contrato entre en vigor antes de que el actual finalice el 31 de diciembre. La licitación del proyecto no supone más que el primero de una serie de pasos que faltan por dar dentro del proceso. Una vez se licite, se abrirá una fase de alegaciones, tras la cual se licitará el contrato y, de nuevo, habrá un periodo de argumentación de las empresas que se queden fuera del proyecto para, posteriormente, conceder la nueva concesión. 

Todo este proceso permite presumir que el nuevo contrato no entrará en vigor hasta el año que viene, por lo que el servicio de transporte público se prestaría de manera irregular, tal y como ha ocurrido con otros contratos como la planta de Nostián o el servicio de recogida de basura. Sobre esta cuestión, el PP de A Coruña registró ayer una moción para el pleno de este jueves, 2 de mayo, recordando que “no hay ninguna noticia a pesar de que el actual finaliza el próximo 31 de diciembre”.

En la iniciativa, los populares instan al Gobierno municipal a convocar la comisión de Movilidad para conocer tanto el estado de redacción del pliego como el alcance de las demandas presentadas por la actual concesionaria contra el Ayuntamiento. También solicitan la puesta en marcha, cuanto antes, de los procesos participativos e informativos con entidades vecinales, colectivos afectados y ciudadanía en general, para recabar sus ideas y sugerencias. Por último, el Partido Popular pide licitar esta nueva concesión con las debidas garantías y con el mayor consenso y aceptación por la ciudadanía.

Paralización

“El año 2024 iba a ser un año relevante para la ciudad porque vence la concesión municipal del transporte urbano, un servicio básico y esencial para los vecinos y que ha sido objeto de múltiples mociones de todos los grupos políticos desde hace años, con la única finalidad de conseguir mejor calidad en la prestación del servicio”, señalan los populares en un comunicado. 

La realidad, indican, es que a día de hoy, después de haber gastado “cantidades ingentes de dinero en estudios y memorias, nos encontramos con la licitación sin comenzar y con la imposibilidad de adjudicar la nueva concesión en tiempo y forma. También están paralizados los procesos informativos y participativos. La oposición no sabe nada más que las noticias que publican los medios de comunicación, a pesar de nuestras preguntas y solicitudes de acceso que no son ni respondidas”. 

“Por si esto fuera poco”, añade el PP, la actual concesionaria del servicio “ha demandado al Ayuntamiento por impago de una cantidad de dinero que podría alterar el presupuesto municipal por aplicar una tarifa aprobada sin consenso y que ha sido anulada por el juzgado. Una cantidad de dinero que supera los catorce millones de euros”. En los últimos años, la deuda que el Ayuntamiento mantiene con Tranvías no ha dejado de crecer debido a las sucesivas rebajas. El Gobierno de Xulio Ferreiro impuso una bajada unilateral de la tarifa, a pesar de que se le advirtió que iba contra las condiciones de la concesión. La Compañía de Tranvías acudió a los tribunales y estos le dieron la razón: se había cometido un abuso de poder.