El PP convoca la comisión de Medio Ambiente para pedir explicaciones al Gobierno municipal por el caso STL ante la falta de transparencia de Inés Rey, a pesar de que este suceso -por el que hay tres detenidos investigados- afecta a un contrato adjudicado en 2020 por el actual gobierno por un importe total de 115 millones de euros (14,4 millones anuales durante ocho años).

El Gobierno municipal debe informar a la oposición y a la opinión pública. “Ni decimos ni damos a entender ningún tipo de responsabilidad penal pero lo cierto es que los presuntos delitos objeto de investigación (estafa, blanqueo y corrupción) se han producido bajo el paraguas de una concesión municipal e Inés Rey y su gobierno no pueden seguir escondidos como si no fuera con ellos”, señaló el concejal Roberto Rodríguez.

El viceportavoz popular explicó que han "esperado a que el gobierno socialista convocase a una reunión a los grupos municipales para trasladar información acerca de este caso, pero no lo ha hecho, a pesar de que hay denuncias de varios sindicatos de que se siguen incumpliendo las condiciones del pliego tanto en medios materiales como humanos”.

El popular destacó que también han aguardado a que la Marea convocase la comisión de Transparencia y Contratación que preside, “pero prefieren ruedas de prensa con un claro carácter electoral porque este es el tipo de cuestiones en las que se comportan como socios, como ya ocurrió a la hora a exigir responsabilidades por los casos Someso, Conde de Fenosa, Castro de Elviña, los pisitos o las tarifas bus, que han supuesto millones de euros en indemnizaciones”.

En esto y en que no gobierne el partido que ganó las elecciones es en lo único en lo que han coincidido Inés Rey y sus socios en el mandato, denuncian desde las filas populares. “En eso consistió el pacto a la coruñesa y en eso consistirá, si tienen ocasión un futuro tripartito o cuatripartito. Pero los asuntos de ciudad (Chuac, intermodal o el estudio de detalle de la Ciudad de las TIC), han salido adelante porque el PP, al contrario que Inés Rey y sus socios, ha antepuesto el interés general de la ciudad a los intereses partidistas”, recordó.

Por tanto, ante el "silencio" del gobierno socialista y el "disimulo" de Marea, han decidido convocar la comisión de Medio Ambiente para pedir explicaciones porque afecta a un contrato millonario adjudicado en 2020 por el actual Gobierno: “Ya no existe secreto de sumario, pero aunque así fuera, solo por lo que ha salido publicado el Concello debería haber dado explicaciones públicas".

El Gobierno debe dar cuentas de si ha ejercido correctamente su obligación de control de la concesionaria, exigen, para explicar que varios sindicatos denuncian incumplimientos de los pliegos, tanto en medios materiales como humanos, como una subcontratación un 1.000% superior a la permitida en los pliegos o que el turno de noche, que tiene una asignación de 25 efectivos, se está cubriendo con cuatro alegando la empresa “falta de carga de trabajo”. “Esta falta de control que denuncian los sindicatos USO y CIG desde luego no parece la idónea para evitar que hayan podido ocurrir cosas como las que ahora son objeto de investigación”, afirmó Rodríguez.

"El concello debe personarse de inmediato", exige el viceportavoz popular, que asegura que es el "propio Gobierno el que debería estar más interesado en esclarecer cómo pudo ocurrir esto bajo el paraguas de una concesión municipal y en relación con una cuestión como la contratación que deber ser objeto de puntual revisión para velar por el cumplimiento de los pliegos en relación con medios humanos”, finalizó Rodríguez.