Muchos coruñeses recuerdan la primera ola del covid como un periodo de tensión e inactividad. Mientras tanto, en el exterior, las autoridades trataban de aprovisionarse de mascarillas y geles. No solo el Gobierno central o la Xunta: también el Ayuntamiento lo hacía, aunque la mayor parte de los repartos fueron de material del Gobierno central. Cuatro años después, el Gobierno local no ha rendido cuentas por su gestión de la crisis del covid, y por eso el PP ha presentado una solicitud de información sobre un gasto que supone decenas de millones de euros y que nunca se ha fiscalizado debidamente.

La solicitud del principal grupo de la oposición abarca todos los contratos adjudicados por los procedimientos de urgencia y de emergencia durante la crisis sanitaria. O cualquier otro contrato relativo a la compra de material sanitario durante los años 2020, 2021 y 2022. Se trata de un tema de actualidad después de que haya saltado el escándalo de una presunta trama de cobro de comisiones en una compra de mascarillas. El caso Koldo, como ya se lo denomina, salpica a varios ministros del Gobierno de Pedro Sánchez y ha provocado la expulsión de la militancia del PSOE de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes. 
 

Para el grupo municipal del PP, es necesaria la “máxima transparencia” y “dado que el Ayuntamiento de A Coruña no ha publicado ninguno de los contratos adjudicados con el método de urgencia, solicitamos la copia de dichos contratos”. No está claro cuándo la información obrará en poder del PP pero sin duda, en el pleno del próximo jueves se volverá a mencionar la cuestión junto con otras preparadas por el BNG y el propio PP. 
 

Gastos de urgencia 

El Gobierno de Inés Rey siempre ha tenido muy a gala su actuación durante la crisis como, por ejemplo, el Presco (Plan de Reactivación Económica y Social) dirigido a autónomos y pequeño comercio, y en el que se invirtieron 10,7 millones de euros solo en el primer plan. El Ayuntamiento no ha sido tan preciso a la hora de detallar los otros gastos de urgencia. Pero se sabe, por ejemplo, que la adjudicación directa se disparó a partir de 2018, cuando solo eran 55 millones de euros, hasta 2021, cuando la cifra superaba los 97,6 millones. En 2020, año por excelencia del covid, se había llegado a la cifra récord de 139,2 millones de euros.
 

Es cierto que en este apartado se incluyen toda clase de contratos menores, que no tienen que pasar por un concurso público: obras, suministros, servicios publicos, colaboraciones público-privadas.... Pero el capítulo que más crece es el de ‘otros’, que llego a pasar de 38,9 en 2018, a 90,7 en 2019, llegar a 116,9 en 2020 y bajar a 77,3 en 2021, cuando aún coleaba el virus y se mantenían las medidas. Es decir, que se duplicó. Como bajo el epígrafe ‘otros’ se pueden englobar cuestiones muy diferentes, no se puede afirmar que esos treinta millones pertenezcan a contratos relacionados con el covid.
 

En cuanto a la fuerte subida de 2019, se explica porque fue un año de elecciones, donde el gasto de este tipo suele dispararse. Además, no todo fueron inversiones en mascarillas y demás material sanitario: el Gobierno local realizó una fuerte inversión en informática para poder seguir prestando servicios de manera telemática, con la mayor parte de los funcionarios trabajando con ordenador desde sus casas.