La Asociación de Inquilinos y Propietarios es una de las instituciones más antiguas de A Coruña. Este organismo sin ánimo de lucro se mantiene desde 1933. Sus miembros encuentran en su sede, en la glorieta de la Paz, un lugar a donde acudir para afrontar los complejos problemas de las leyes inmobiliarias. A lo largo de sus 90 años de existencia, ha tenido más 50.000 pleitos en los que defendieron las causas de sus asociados. 

Entre sus fundadores se incluye a Carlos Mejuto, ilustre coruñés cuyo legado perdura. Su nieto, Bruno Mejuto, también forma parte de la agrupación luchando por mantener viva la llama. “Mi abuelo era de familia republicana y formó esa primera asociación por sus ganas de ayudar”, afirmó. La época de la instauración de esta asociación, que empezó siendo de vecinos, derivó en una de las más agitadas del país con el estallido de la Guerra Civil, cuyas consecuencias también dejaron su huella en ellos.

Inicios difíciles

Las tendencias políticas de las asociaciones de vecinos como centro de diálogos democráticos hicieron que el franquismo acabase prohibiéndolas. Ante esta legislación, la agrupación coruñesa se vio obligada a cambiar su denominación para convertirse en la Asociación de Inquilinos y Propietarios de A Coruña.
 

La membresía aportaba, y aporta, asesoría jurídica con la ayuda de un abogado para afrontar diferentes temas, algunos tan complejos como los arrendamientos urbanos. “Fuimos pioneros en España y ayudamos a muchas asociaciones en su época a fundarse en Madrid, en Ferrol, en Ourense y Pontevedra. En los 60 llego a haber una asociación de asociaciones a nivel nacional”, explica Mejuto.

Decreto-Boyer

El afán colaborativo hizo que en los años 80 se alcanzasen los 10.000 socios. Mejuto asegura que este número de afiliados se debió a los problemas causados por el Decreto-Boyer. 

La liberalización del mercado de alquileres impulsado por el ministro socialista Miguel Boyer en el año 1985 impuso un periodo inmobiliario complicado para los coruñeses, en opinión de Mejuto. “Había cientos de casos; gente con goteras en casa. Había un inquilino que tenía cubos de agua dentro porque el casero no le dejaba hacer reparaciones; y todo gracias al señor Boyer”.

El éxito en las décadas previas no impidió que la cifra de miembros decayese con el paso de los años hasta llegar a las 700 personas en la actualidad. Sin embargo, los casos no cesan y su lucha aún persiste. “La sociedad lleva a que nos volvamos más individualistas y a perder el sentimiento de colectividad”, comenta Mejuto, lamentando esta disminución de asociados y recordando que las dificultades en la vivienda no quedaron en el pasado. “Las leyes empiezan a ser peores para los inquilinos. En los últimos 30 años debe de haber habido seis o siete modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esto hace que tengas unos derechos u otros dependiendo del momento en que hayas firmado el contrato. El ejemplo lo ves en los alquileres de 2015, que tienen peores condiciones que los de 2022”.

Uno de sus casos recientes más mediáticos fue el que sufrió Lourdes Lustres, una inquilina de 76 años tuvo que convivir con un grupo de okupas durante 18 meses. La colaboración de la Asociación permitió que esta mujer y su hija fuesen reubicadas con todos sus derechos en un nuevo hogar en 2021.

“Hay mucha gente que no sabe que existimos y otra que piensa que somos un negocio”, recalca Mejuto, subrayando la necesidad de la membresía para mantener los servicios indispensables. No obstante, su intención consiste en continuar con sus esfuerzos en una de las instituciones más antiguas de la ciudad.