El debate sobre los pisos turísticos se ha hecho público y las posturas siguen alejadas. Primero se celebró el martes una mesa de diálogo con representantes de diferentes sectores en la que el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, anunció que el Ayuntamiento aplicará la normativa municipal, su Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)y el Plan Especial de la Ciudad Vieja y Pescadería, el Pepri, para regular estas viviendas. El objetivo es limitar su instalación a bajos, primeros pisos y edificios enteros, estos últimos, solo en el ámbito Pepri. Así, pasarán de ser considerados como uso residencial a uso terciario y pedirán a la Xunta que así lo recojan a la hora de conceder licencias.

Tres días después, el viernes, los propietarios de viviendas vacacionales se reunieron para anunciar que rechazan las medidas y que pasarán al ataque. En este contexto, ayer se dieron cita en ‘A Coruña Opina’ los partidarios y detractores de la regulación. Por un lado, la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín y la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas, Teresa Suárez, que, aunque apoya su regulación, niega que haya un problema relacionado con estas viviendas. 

Al frente, el concejal de Urbanismo y el director de la Escuela Superior de Arquitectura de A Coruña, Plácido Lizancos. También intervino el presidente de la Asociación de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos. Díaz Gallego dijo que la motivación para tomar ahora esta decisión está “bien clara”: existen cuatro sentencias en Santiago y Pontevedra que “determinan que las viviendas vacacionales son uso terciario y obligan a los ayuntamientos a tomar partido y regularlas como tal”. El concejal negó que la intención sea prohibir su existencia en la urbe. “No se prohíben, al igual que no se prohibieron las clínicas dentales ni las gestorías en las plantas altas y no se pueden instalar en un quinto izquierda, por ejemplo, de un edificio residencial”. 

Teresa Suárez señaló que la presencia de pisos turísticos no supone un problema en la actualidad, algo que reconoció Díaz Gallego, quien recalcó que no son el principal causante de los problemas en vivienda de la ciudad, “pero sí una pieza que los agrava”. Aguín comenta que las sentencias de Santiago y Pontevedra “no obligan a nada” y dice que la decisión de regular la vivienda turística viene tomada por la “presión de los hoteleros”. Defendió el retorno económico que suponen para la ciudad, unos “15 millones de euros en julio y agosto”. Collazos, por su parte, apostó por tomar medidas para asegurar a los turistas un turismo sostenible y de calidad. 

“¿Somos un problema? Suponemos el 0,57% del parque inmobiliario de A Coruña y más del 20% del parque inmobiliario de la ciudad está cerrado. En la Ciudad Vieja hay edificios enteros llenos de ratas y en estado ruinoso. Es tomar el pelo a la ciudadanía y nosotros vamos a defender los derechos de los propietarios”, señaló con indignación la presidenta de Aviturga, que tiró de emoción. El concejal de Urbanismo, manteniendo su postura más calmada, resumió todo en un “cumplimiento del planeamiento que lleva aprobado desde el año 2013”.