Si no fuese por el nuevo canon de Sogama que establecerá la Xunta y la problemática que afecta a la enseñanza, especialmente en la zona rural, se podría decir que fue un plácido día de oficina. Pero el consenso en el pleno de la Diputación se quebró cuando llegó el turno de las mociones. Lo que hasta ese momento había sido una interminable retahila de aprobaciones por unanimidad, salvo un anecdótico voto en contra de Alternativa dos Veciños a una ayuda económica para una entidad protectora de animales, dio paso a varios debates, comedidos, eso sí, entre los distintos portavoces de PP, PSOE y BGN, esencialmente.
El primer enfrentamiento dialéctico se produjo cuando el Gobierno provincial, integrado por socialistas y nacionalistas, presentó una propuesta para que el pleno rechazase el incremento del 30% del canon que los ayuntamientos pagarán el próximo ejercicio a Sogama por el tratamiento de residuos. Los populares abrieron el debate reclamando la supresión a nivel estatal de todos los impuestos que gravan esta actividad.
Por su parte, el portavoz socialista, Bernardo Fernández, dijo que el incremento del canon supondrá para los municipios pasar de los actuales 66 euros a 108 por tonelada de basura e instaba a la Xunta a mantener el actual precio, al tiempo que criticó que el presidente Rueda anunciase una bonificación.
“Bonifiquen o 100% da suba. Por qué anuncian unha bonificación do 60% e non do 100%? En Galicia hai un problema de modelo de tratamento do lixo, que segue exactamente igual desde 2008, e que aposta básicamente pola incineración, o modelo menos ecolóxico, pese a que saben que as directivas europeas van polo camiño de que o que contamina, paga”, indicó Fernández.
Casi calcado fue el argumentario de la diputada del Bloque Nacionalista Galego por la ciudad de A Coruña, Avia Veira. “O taxazo ten causas e consecuencias. O PP culpa ao Goberno pero obvia as directivas europeas. Ademais, a aposta da Xunta pola incineración, sitúa a Galicia na cola da reciclaxe, cun 21%, cando tiñamos que reciclar o 50% dos residuos”, dijo, al tiempo que censuraba la ‘deriva suicida’ de la ampliación de Sogama, con lo que se prioriza la incineración y los vertidos en detrimento de otros sistemas más ecológicos y sostenibles.
La moción salió adelante y el Gobierno provincial solicitará al autonómico que mude su política de gestión de residuos hacia un modelo descentralizado con plantas de proximidad y primando la reducción y el reciclaje frente a la incineración.
El segundo frente se estableció con la moción, también de PSOE y BNG, en la que se instaba a la Xunta a cumplir las ratios de alumnos por profesor, la dotación de personal de apoyo suficiente a los colegios y al desarrollo de un plan específico para mantener la calidad de la enseñanza en los centros del ámbito rural.
“A falta de profesorado prexudica ao conxunto do alumnado e aos propios docentes, cunha carga de traballo e saturación por riba do normal e do soportable. Non se pode traballar igual nunha aula só con alumnado de primeiro curso, que traballar noutra con alumnado de primeiro e segundo ou traballar noutra con alumnado de primeiro, segundo e terceiro, sobre todo cando no momento da programación do próximo curso existe incerteza de como será a organización e dotación de recursos”, apunta la moción, que tuvo el visto bueno de PSOE, BNG y Alternativa.
Según los ponentes de la propuesta, la consecuencia de esta carencia de recursos es que las familias no tienen garantizada la escolarización de sus hijos y decidan trasladarlos a las ciudades “unha medida que deriva no despoboamento do rural e na redución de servizos educativos destes municipios menos poboados”.
Asimismo, con la moción, se insta a la Administración autonómica a no limitar la matrícula en los primeros cursos de cada ciclo formativo y realizar el desdoblamiento de unidades necesarias, así como la dotación de recursos humanos y materiales que hagan posible el cumplimiento de las ratios máximas.