Una máquina trabaja desde hace días en Os Campóns, Sigrás (Cambre), para destruir un edificio inacabado que incumplía la normativa urbanística. En las últimas décadas han sido muchos los casos en los que los municipios no han tenido más opción que demoler para restituir la legalidad, desde viviendas –como la mencionada– hasta instalaciones recreativas como el Náutico de Sada.

El inmueble de Sigrás, un bloque plurifamiliar, se levantó en 1995 y quedó paralizado tres años después. El alcalde, Óscar García Patiño, explicó en su momento que era imposible regularizarlo: está situado en un suelo clasificado como urbano de núcleo rural, sin ajustarse a parámetros recomendados de tipología, parcela mínima, edificabilidad, ocupación, altura máxima –en este caso, lo máximo sería bajo más una planta– y distancia, no habiéndose realizado, además, la urbanización de la parte de cesión de la parcela. 

En este mismo mes, pero en 2021, se completó la demolición del Náutico de Sada, ubicado en el paseo marítimo desde principios de los años 90. El Tribunal Supremo confirmó en 1999 sendas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 1992 que declaraban la nulidad de los acuerdos de 1988 y 1990 por los que se autorizó la construcción del mismo. Además, al margen de la decisión de los tribunales y su necesario cumplimiento, expertos en arquitectura y urbanismo apuntaban a su eliminación por razones de interés público y estético “en un entorno sensible como el de La Terraza, declarada BIC”. 

Viviendas históricas 

En 2020, el Ayuntamiento de Oleiros desalojó y tiró tres casas fuera de ordenación urbanística en Bastiagueiro Pequeno y cuyos terrenos se incorporaron al parque público de las Trece Rosas. 

El Ejecutivo había aprobado ya en 2019 la expropiación de los inmuebles por un montante de 600.000 euros. Con el derribo culminó un proceso complicado, que se alargó durante años, y no exento de polémica, pues algunos de los dueños de estas viviendas residían allí hace decenios, antes de las primeras elecciones municipales, señaló el Ejecutivo local.

En agosto de 2015 las excavadoras destruyeron el número 104 del Portiño de Suevos, una vivienda ubicada en terrenos de Costas y, por lo tanto, ilegal, que quedó hecha trizas ante la indignación vecinal y numerosas muestras de apoyo a la familia afectada. En 2002 comenzaron los problemas judiciales y, aunque el asunto quedó paralizado, en 2015 el fiscal pidió la ejecución “por la vía prioritaria”. En esa zona existían una veintena de edificaciones en las mismas condiciones y este episodio generó no poca polémica, aunque en 2021 el Ayuntamiento de Arteixo notificó a casi 400 propietarios de la regularización de núcleos costeros como Campelo-O Porto (Sorrizo), A Sartaña (Chamín), A Ponte (Chamín), O Campo (Barrañán) y O Portiño (Suevos).

Cumplir con lo que exige la APLU (Axencia de Protección da Legalidade Urbanística) no es tarea fácil, como puede verse, y en ocasiones ha obligado a los municipios a "sacar los tanques".