Hasta ayer eran 25 los municipios de Galicia, conectados por la autopista AP-9, los que confirmaron que estarán presentes en la reunión que se celebrará mañana para plantear la posibilidad de constituirse en asociación. El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, lamentaba que uno de los 38 ayuntamientos que comparten la presencia de la vía de alta capacidad en su territorio como es el de Santiago no vaya estar presente con casi completa seguridad.
“Hasta el momento han confirmado que acudirán 25 representantes. Sin embargo, me extraña que no acuda nadie de Compostela cuando hasta ahora habían participado siempre. No sé si tendrá algo que ver con la reclamación de la gratuidad”, indicaba el regidor, que volvió a insistir en que a todos les afecta el agravio económico que hasta este año ha supuesto que la concesionaria de la autopista se beneficiase de una reducción en la tasa del IBI del 95%.
Precisamente, el incremento del mencionado impuesto será una cuestión que se pondrá sobre la mesa durante el encuentro ya que Santiso se muestra partidario de que se actualice el valor catastral de la vía.
Por otra parte, lo que en principio podría parecer una paradoja, para el mandatario local abegondés no lo es tanto. Si por un lado considera que, en su momento, podría haber sido discutible la idoneidad de la decisión del expresidente del Gobierno José María Aznar de ampliar la concesión de la autopista a una empresa privada hasta el año 2048 ahora, con la reciente eliminación de la normativa que permitía a la concesionaria abonar tan solo el 5% del IBI, supone que los ayuntamientos afectados verán aumentos sus ingresos por esta vía.
“Ahora vamos a cobrar durante más años. En el caso de Abegondo serán casi 600.000 euros frente a los poco más de 29.000 que estábamos recaudando. También me parece muy bien que se ceda la AP-9 a Galicia, eso sí, siempre y cuando se nos continúe abonando el IBI”, insiste Santiso.
El de mañana será el segundo encuentro que mantendrán representantes de los municipios atravesados por la autopista, tras el que tuvo lugar el pasado mes de enero. Cabe recordar que el día 22 se dieron cita una veintena de ayuntamientos y fueron informados por un bufete de abogados especializados en trámites fiscales de que ya se encontraban facultados para imponer un tributo del 100% por el paso de la autopista por su territorio.
También a lo largo de esa misma jornada la Diputación, a través de un comunicado, informaba de que este mismo año iba a cobrar la totalidad del impuesto a Audasa, que en ese momento gestionaba la AP-9. El diputado de Hacienda y alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, explicaba que los 18 municipios que tienen delegada en la institución provincial la gestión de este impuesto pasarían de ingresar, al año, 175.000 euros a más de 3,7 millones.