El exalcalde Manuel Rivas y dos ediles del anterior Gobierno de Cambre, Santiago Ríos y Felipe Andreu, aceptaron dos años de prisión por prevaricación y malversación de fondos públicos por la organización en 2012 del ‘Brincadeira Rock in Cambre’, que se otorgó a dos empresas saltándose los controles administrativos y "causando un perjuicio económico a las arcas municipales de 446.866,06 euros", según Fiscalía.

Lo hicieron al inicio del juicio fijado en la Audiencia de A Coruña tras un acuerdo entre el Ministerio Público y las defensas al reconocer los hechos los tres cargos públicos y acordarse una rebaja de la pena al incluir las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, que los acusados aceptaron. También los condenaron a seis años de inhabilitación para cargos públicos.

Respecto a las indemnizaciones, los acusados están condenados a abonar 160.000 euros en concepto de indemnización al Ayuntamiento de Cambre, de los que están consignados 148.333. El resto, 11.667 euros, deben ser pagado entre los tres condenados.

Además de los tres exconcejales, también había otros cinco procesados, particulares y empresas, declarados absueltos de los delitos que se les imputaban.

Inicialmente, el Ministerio Público pedía para Manuel Rivas, los dos concejales y los dos responsables de las empresas implicadas, penas de cinco años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos en concurso con delitos de prevaricación administrativa. Además de la pena de cárcel, se solicitaba una inhabilitación de ocho años.

Hechos

Los hechos, denunciados por Unión por Cambre, se remontan a 2012, cuando el Ejecutivo encabezado por Rivas adjudicó a dos empresas de forma fraudulenta la organización del Festival Brincadeira Rock in Cambre.

El alcalde entabló conversaciones previas a febrero de 2012 con el objetivo de "eludir" la metodología y los controles establecidos en la legislación de contratación pública para, de este modo, conceder "a dedo" la organización de un evento de cuatro días.

El acuerdo, plasmado como convenio del sector público y por valor de 240.000 euros, se firmó el 1 de febrero de 2012 por el regidor y los responsables de las dos empresas encargadas de organizar el festival de música, que tuvo lugar en el verano de ese 2012.

"Todos ellos estaban puestos de común acuerdo para defraudar a las arcas municipales", conocedores de que la manera de proceder "evitaba" el control y anulaba "a posibles competidores que se pudieran presentar para pujar por el contrato". El convenio establecía la obligación de devolver los 240.000 euros asignados a la organización, pero no se exigía "ninguna garantía o aval que asegurase el retorno del dinero".

A mayores de evitar todo tipo de control previo, las facturas se abonaron "sin comprobarse la efectiva realización" de lo consignado en ellas y "sin memoria que determinase qué se debía pagar".

Además de Manuel Rivas, también estaba implicado el entonces teniente de alcalde, abogado de profesión y encargado de los borradores del convenio.

El tercer miembro del gobierno municipal implicado es responsable de los hechos por haber participado en la preparación del convenio y por configurar seis facturas de casi 40.000 euros abonadas a las empresas.

Los cálculos del Ministerio Público cifraron en 446.866 euros el perjuicio económico causado contra las arcas municipales, cuantía que se reclamaba inicialmente en concepto de indemnización al Ayuntamiento de Cambre. 