El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, instó ayer a aprovechar el crecimiento económico para abordar las reformas estructurales pendientes y avanzar en la consolidación fiscal, al tiempo que advirtió del posible efecto negativo en el empleo de subir el salario mínimo.
En su primera comparecencia en el Congreso desde su nombramiento el pasado mes de julio, el gobernador abordó el efecto de las subidas del salario mínimo en el empleo, en particular entre los colectivos más vulnerables, cuya probabilidad de perder el trabajo aumentó con los anteriores repuntes. Hernández de Cos señaló que, si se extrapolara el efecto de las últimas subidas a la prevista para el próximo año, a 900 euros mensuales, supondría una pérdida del 0,8% del empleo.
En su intervención, el gobernador instó a aprovechar el momento de expansión económica, pese a la desaceleración, para “realizar las reformas necesarias”, en particular en materia de pensiones y crecimiento del PIB a medio y largo plazo. También abogó por avanzar “con prontitud y determinación” en la consolidación fiscal, ya que el mantenimiento de un nivel de endeudamiento público elevado puede afectar al crecimiento. En ese sentido, puso el foco en la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.

Revalorización según el IPC
El Banco de España calcula que revalorizar las pensiones conforme al IPC supondría un aumento del gasto público de tres puntos porcentuales de PIB en 2050 con respecto a si se usara el índice de revalorización, por lo que serían necesarias medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Hernández de Cos calificó de “imprescindible” la puesta en marcha de un paquete integral de medidas para abordar el envejecimiento poblacional, que no solo afecta a las pensiones sino también a la tasa de actividad, la productividad y el crecimiento.
El desempleo “sigue siendo muy elevado”, advirtió, y adolece de una segmentación que lastra la productividad y aumenta la desigualdad, por lo que plantea impulsar políticas activas de empleo y alinear los salarios de cada empresa con su productividad, al tiempo que sitúa como prioridad adaptar la formación a los retos de la globalización.
Entre los riesgos que tendrá que afrontar la economía española figuran la normalización de las políticas monetarias –se estima que entre 2014 y 2018 las medidas del Banco Central Europeo (BCE) han impulsado el PIB real en un 2,3% y la inflación, en un 1,4%–, el Brexit o la situación política en Italia. Junto a esto, aludió a la fragmentación parlamentaria y un “hipotético” repunte de la incertidumbre en Cataluña. En materia bancaria, aseguró que la institución cumplirá con su mandato supervisor sin “ningún tipo de captura” por parte de las entidades, como denunció un miembro de la inspección, e insistió en que bajo el paraguas del BCE la supervisión sigue siendo “igual de rigurosa o incluso más”. l