Ambas medidas, aprobadas por decreto en un Consejo de Ministros celebrado en Barcelona, entrarán en vigor el 1 de enero, lo que garantiza su aplicación con independencia de cuándo se presente el proyecto presupuestario de 2019.

El incremento del salario mínimo, del 22,3 %, es el mayor desde 1977 y supone una mejora de 164 euros al mes, hasta situar el sueldo diario en 30 euros para los trabajadores fijos y en 42,62 euros para eventuales y temporeros.

Los empleados del hogar que trabajan por horas cobrarán un mínimo de 7,04 euros por hora, por encima de los 5,76 euros actuales.

Esta medida favorecerá a dos millones y medio de trabajadores: 1,3 millones de empleados cuya base mínima de cotización no alcanza la del nuevo salario mínimo, trabajadores del régimen agrario (entre 700.000 y 800.000) y del hogar (400.000).

Los sectores más beneficiados por la subida son el comercio al por mayor y al por menor (18,8 %), el de actividades administrativas y auxiliares (14 %) y el de hostelería (10,8 %).

Con esta medida, el Gobierno pretende prevenir la pobreza y aumentar el nivel de vida de las personas, al tiempo que se impulsa el consumo y se incrementa la recaudación por cotizaciones de la Seguridad Social.

En cuanto a la subida del sueldo de los empleados públicos, implica cumplir el pacto logrado entre los sindicatos CCOO, UGT y CSIF y el anterior Ejecutivo, que recoge las mejoras salariales para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

El decreto ley aprobado hoy supondrá una subida del 2,25 % del salario de 2,5 millones de empleados públicos, pertenecientes a las tres administraciones: central, autonómica y local.

Esta subida se complementará con un importe equivalente al 0,25 % para mejoras de productividad, que no afectará a todos los empleados públicos, sino que su uso se negociará en cada administración y que podrán dedicarse, por ejemplo, a homologaciones retributivas o aportaciones a planes de pensiones.

Adicionalmente, los empleados públicos podrían beneficiarse de una subida adicional del 0,25 % en función de una serie de factores vinculados al crecimiento económico.

Incluyendo la subida adicional vinculada al crecimiento económico, el coste de esta medida en los ejercicios 2018 y 2019 es de 3.625 millones de euros.

El pasado mes de marzo, Gobierno y sindicatos pactaron un incremento salarial fijo del 1,75 % este año, ya aplicado, el 2,25 % en 2019 y el 2 % en 2020, a lo que se suma una parte variable del 0,25 % en 2019 y el 1 % en 2020 si la economía crece al menos un 2,5 % cada año -si es menor a esta cifra disminuye proporcionalmente-.

A esto se añaden fondos adicionales del 0,2 % en 2018, del 0,25 % en 2019 y del 0,3 % en 2020 y un 0,55 % en 2020 si se cumple el objetivo de déficit público.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha considerado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros "lógico" que los empleados públicos recuperen ingresos en un "nuevo contexto económico" después de haber soportado "congelaciones e incluso reducciones salariales" durante la crisis.

El Gobierno está así "cumpliendo y ampliando" los acuerdos alcanzados por el anterior Ejecutivo en materia de función pública, ha añadido Batet, que ha lamentado la "drástica" reducción del funcionariado durante la crisis y el envejecimiento de la plantilla.