La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado este lunes que se estudiará la "posible utilización" de los años de cotización del causante para calcular la pensión de la viuda o viudo.
En su primera comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, Saiz ha apuntado a esta vía como una de las "líneas de acción" para cumplir con el mandato de las recomendaciones de "una reforma integral y gradual de la pensión de viudedad".
La otra línea, ha añadido, pasa por garantizar la protección de las personas beneficiarias de 65 o más años cuya pensión suponga su principal fuente de ingresos.
Saiz ha hecho alusión a la recomendación 13 del Pacto de Toledo que hace referencia a reformulación de las pensiones de viudedad y orfandad.
En esa recomendación se aconsejó "estudiar los efectos" que tendría en la cuantía de la pensión de viudedad tomar en consideración para su fórmula de cálculo los periodos de cotización acreditados por el causante, con una fórmula similar a la que se utiliza para el cálculo de la pensión de jubilación.
Actualmente, para calcular la cuantía de la pensión de viudedad se tiene solo en cuenta la base reguladora del fallecido siendo, con carácter general, el 52 % de esa base aunque puede elevarse hasta el 70 % en algunos casos.
En marzo, se abonaron 2,35 millones de pensiones de viudedad con una cuantía media de 894 euros, lo que supone una brecha de 357 euros frente a la media del sistema que fue de 1.251,5 euros.
Saiz ha defendido en su intervención todo el proceso de reformas emprendidas en los últimos años para fijar el sistema público de pensiones como "pilar fundamental" del Estado de bienestar.
La ministra ha incidido en el objetivo de lograr la separación total de fuentes con la asunción plena de todos los gastos impropios del sistema y ha recordado que el fondo de reserva, la denominada hucha de las pensiones, terminará este año con 9.100 millones y a final de legislatura, en 2027, está previsto que disponga de más de 25.000 millones.
Más de 500.000 becarios cotizando y reforma de las mutuas
Saiz también ha señalado que está "muy cerca" el acuerdo con los agentes sociales para que haya una mayor colaboración de las mutuas en la gestión de las recuperaciones en algunos procesos de incapacidad temporal.
Junto a esto, ha señalado la intención de acometer una "reforma integral del sector" a partir de un informe de evaluación que se pedirá a la AIReF.
Con respecto a las prácticas formativas, la ministra ha avanzado que ya se ha enviado al Consejo de Estado la regulación que permitirá rescatar los periodos no cotizados a través de un convenio especial, una normativa que beneficiará también a los periodos de investigación.
Desde el 1 de enero está en vigor el nuevo sistema de cotización para prácticas formativas no laborales -cuyo coste está bonificado al 95 %-, que ya cuenta con 500.000 alumnos registrados, lo que permitirá "establecer nuevos canales de comunicación entre los jóvenes y la Seguridad Social".
Junto a esto, ha apuntado que quiere aprobar próximamente la orden con nuevas patologías generadoras de discapacidad con un sistema para su actualización periódica.
En mayo, el Gobierno aprobó modificar los requisitos exigidos para reducir la edad de jubilación de quienes sufren una discapacidad igual o superior al 45 % pasando de 15 a 5 años el periodo de cotización durante el que se requiere acreditar estar afectado por dicha discapacidad.