David Serrano Alcaide, dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde estaba el pozo en el que murió el pequeño Julen tras caer a su interior el pasado 13 de enero, ha afirmado este martes que el pocero que hizo la prospección dejó el boquete "tal cual".

"El día de la desgracia", ha añadido el dueño de la finca, él mismo tapó el agujero con dos bloques de hormigón y advirtió a los demás del peligro "de que alguien podía meter un pie allí y partírselo", pero "jamás" pensó que "ahí podía caber un niño".

"Tengo una niña chica de 2 años que estaba allí con Julen jugando, podría haber sido mi niña (la que hubiera caído) y nunca me voy a perdonar que no haya visto ese peligro ahí", ha asegurado Serrano Alcaide, que es pareja de una prima del padre del niño fallecido.

Ha explicado que compró la finca hace cuatro meses para plantar aguacates y mangos y contrató al pocero, que le hizo "un boquete de más de cien metros" y después se marchó y le dejó el boquete "tal cual".

Por ese trabajo le cobraría 12 euros por metro de pozo si no se encontraba agua -como ocurrió- y 27 euros si se encontraba agua, y unos días después un amigo de Serrano Alcaide hizo una excavación en el terreno para construir un muro de contención.

En la comparecencia del dueño de la finca han estado presente también su abogado, Antonio Flores, quien ha afirmado que "la única responsabilidad penal, si la hubiese", sería del pocero que ejecutó la perforación.

El letrado ha afirmado que su cliente era "conocedor" de la necesidad de tener licencia para la apertura de un pozo, pero se había "encomendado" a un profesional que se debía encargar de solicitarlas, en alusión al pocero.

También ha subrayado que, en el momento en que se produjo el accidente, el pozo se encontraba tapado por dos bloques de hormigón, y ha sostenido la "teoría" de que el menor "se escurrió" entre los bloques.

El cuerpo de Julen fue rescatado la madrugada del pasado 26 de enero del pozo en el que se encontraba a más de 70 metros de profundidad tras trece días de trabajas, en la que participaron numerosos cuerpos y la Brigada Minera de Asturias, para lo que fue necesario excavar un pozo paralelo y otro horizontal para acceder al lugar donde estaba el niño.

Flores ha asegurado que no están buscando "una culpa alternativa" a la del dueño de la finca sino que van a "luchar" contra la "sensación de que debe haber un culpable", algo que "va en contra del Estado de Derecho, porque no puede haber una presunción de culpabilidad para ninguna de las partes".

Por su parte, el arquitecto Jesús María Flores, que asesora al bufete, ha señalado que su cliente "se puso en manos de un profesional acreditado con cuarenta años de experiencia, un hombre muy conocido en la zona".

Según este arquitecto, el pocero en sus declaraciones ha "incurrido una y otra vez en inconsistencias legales y técnicas incompatibles con la verdad", y debería por ejemplo haber exigido al propietario de la finca la documentación requerida antes de hacer la perforación.

Sobre la piedra de 15 kilos que colocó sobre el pozo según "manifestó a la Guardia Civil", el arquitecto ha subrayado que "nadie la ha visto, salvo él", y supondría "un nuevo incumplimiento de la ley", porque el organismo es quien establece cómo se sella un sondeo en el que no se ha hallado agua.

En este sentido, ha apuntado que estos sondeos deben rellenarse habitualmente con el mismo material que se ha extraído y "con hormigón en los últimos metros", para "proteger los acuíferos y también a los animales y personas".

El informe elaborado por este arquitecto concluye que el accidente se produjo "como consecuencia directa de las acciones y omisiones de un profesional que, teniendo los medios, la maquinaria y los conocimientos técnicos y legales, perforó un pozo de 110 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro a sabiendas de que quebrantaba la ley, sin autorización, sin proyecto de ejecución y sin adoptar las mínimas medidas de seguridad".

Por ello, el pocero "ha mostrado un comportamiento que solo puede calificarse de negligente", sostiene el arquitecto, que sí ha admitido que el dueño de la finca carecía de la licencia de obra menor que requería el movimiento de tierras que se realizó en la zona.