Los Mossos d'Esquadra han desalojado este jueves la nave ocupada de la calle Progrés de Badalona en la que vivían más de 100 inmigrantes, tras fracasar el intento de la defensa de paralizar el desahucio.

Un gran dispositivo de Mossos, que ha desplegado unos 15 furgones de antidisturbios, ha llegado hasta el lugar hacia las 10 de la mañana, hora prevista del lanzamiento, y al cabo de un par de horas ha iniciado el operativo, con cargas y forcejeos con las decenas de personas que estaban concentradas a las puertas de la nave para evitar el desalojo.

Antes del desalojo, y ante el fracaso de la negociación para paralizarlo, los ocupantes de la nave han empezado a retirar sus pertenencias.

"Los juzgados han ordenado que se produzca el desalojo, haciendo caso omiso a nuestras alegaciones, y tampoco esperan a la resolución de las medidas cautelares urgentes presentadas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ante esta flagrante vulneración de derechos", ha lamentado el bufete de abogados Baula, que lleva la defensa de los ocupantes de la nave, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En declaraciones a Efe, el tercer teniente de alcalde de Badalona y concejal de Protección Social, David Torrents, ha criticado la falta de voluntad negociadora de la propiedad y ha lamentado que el desalojo se haya ejecutado por la fuerza.

"No podemos permitir que por un tema de vivienda acabe habiendo cargas policiales. No podemos permitir que el desalojo no se hubiera pactado de otra manera para evitar las cargas", ha criticado.

Asimismo, aunque ha asegurado que atenderán a todas las personas desalojadas que acudan a Servicios Sociales, ha denunciado la falta de recursos municipales y ha pedido ayuda a la Generalitat y al Gobierno.

"Lo que tenemos que hacer es atender a todas aquellas personas que vengan a Servicios Sociales y dar una salida habitacional. Con las limitaciones que tenemos en el ayuntamiento tendremos que requerir una ayuda tanto de la Generalitat como del Estado para mirar de dar una salida y evitar cronificar un problema que ya viene de lejos", ha indicado.

Por su parte, la letrada del colectivo que vivía en la nave, Sonia Olivella, ha remarcado que los ocupantes reclamaban una prórroga del lanzamiento porque a día de hoy no tienen ninguna alternativa habitacional.

"Ellos son los primeros interesados en no estar viviendo en las condiciones que están en esta nave, pero no tienen ninguna alternativa", ha señalado.

Se trata de una nave industrial, propiedad de la Sareb, abandonada y ocupada desde hacía meses por más de un centenar de personas, en su mayoría inmigrantes de origen subsahariano, muchos de ellos supervivientes de la finca que se incendió en diciembre de 2020 y en la que fallecieron cuatro personas a causa del fuego.

En un principio, el desahucio de la nave estaba programado para el pasado julio, pero la defensa logró que el juez lo paralizara al menos hasta que los servicios sociales pudieran elaborar sendos expedientes de vulnerabilidad, y volvió a aplazarse el pasado mes de diciembre.