El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, encargado de investigar las comisiones millonarias por la compra de mascarillas para el Ayuntamiento de Madrid, ha ordenado el embargo de un piso propiedad de Alberto Luceño ubicado en la localidad de Pozuelo de Alarcón. Esta propiedad junto al dinero que le han bloqueado en sus cuentas no es suficiente para hacer frente a la responsabilidad civil que pide la Fiscalía y que supera los 5 millones de euros.

En una misiva enviada desde ese juzgado al Registro de la Propiedad de Pozuelo, a la que ha tenido acceso Europa Press, se explica que el embargo comporta la prohibición absoluta de vender, gravar, obligar o enajenar el inmueble que está a nombre de la mercantil Takamaka Invest SL, cuyo titular es Luceño.

Esta medida se adopta en la pieza de responsabilidad civil y tiene por objetivo asegurar o garantizar la cantidad que la Fiscalía Anticorrupción solicita para Luceño y que asciende a 5.567.725 euros.

Por otro lado, la Brigada Provincial de Policía Judicial ha remitido oficio a diferentes entidades bancarias para que bloqueen las cuentas del comisionista, al que el Ministerio Público imputa un presunto delito de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales junto a Luis Medina.

Bloqueados 130.000 euros

Desde Caixabank han informado ya al juzgado de que han procedido al bloqueo de tres cuentas y varias tarjetas de crédito en las que Luceño aparece como titular. En total el dinero bloqueado asciende a 129.140,70 euros.

A la luz de estas averiguaciones, el juez ha dictado una providencia este martes 18 de abril en la que señala que "a la vista de que los bienes embargados hasta el momento al señor Luceño, no garantizan la cantidad que se solicita por la Fiscalía Anticorrupción de 5.567.725 euros" da a las partes cinco días para que "insten nuevas medidas cautelares de carácter económico para el aseguramiento de responsabilidades civiles".

Vehículos valorados en más de 200.000 euros

En esa providencia, el juez explica además que los vehículos de lujo del comisionista, que podían ser usados para hacer frente a esa responsabilidad civil, han sido vendidos recientemente.

En concreto se trata de un Range Rover Sport que fue adquirido en agosto de 2020 y vendido el día 5 de este mes de abril --con la investigación ya madura--, un KTM X BOW también vendido el 5 de abril, y un Lamborghini Huracan Evo Spider que vendió en enero de 2022. Sólo el precio de este último supera los 200.000 euros en el mercado de segunda mano, según portales especializados consultados.

Sin colaboración de Malasia

Por otro lado, fuentes jurídicas confirman a Europa Press que la Fiscalía de Malasia ha informado al juzgado de que San Chin Choon, proveedor del material sanitario de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina en ese país y al que el fiscal español pidió interrogar ya en mayo de 2021, no ha accedido a colaborar con la investigación. 

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que las autoridades malasias han respondido a una comisión rogatoria cursada por el titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, en la que comunican que Chin Choon no ha aceptado prestar declaración de forma voluntaria.

Según la carta enviada al juzgado, adelantada por eldiario.es, la Fiscalía de Malasia ha comunicado que han conseguido dar con el paradero de San Chin Choon, pero que ha declinado colaborar con la investigación y que las leyes del país solo permiten interrogarle de manera voluntaria en este momento procesal.

San Chin Choon parece ser el administrador de Leno, la compañía a través de la cual Luceño y Medina (investigados en este procedimiento a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción) operaban en Malasia para la compra de material sanitario con el que supuestamente estafaron al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia.

Chin Choon firmó contratos y pagó comisiones, o al menos eso quiere comprobar la Fiscalía, que tiene dudas de la autenticidad de varios documentos recogidos en la causa.

Por ello, ya en mayo de 2021, libró una comisión rogatoria en la que pedía a las autoridades de Malasia que interrogaran como testigo a Chin Choon.

Cuatro meses más tarde este país solicitó información adicional para localizarle y, después de que la iniciativa quedara atascada en el Ministerio de Justicia ante los requerimientos del país oriental, volvió a ser tramitada en enero de 2022.