11º-16º
martes | 26 noviembre | 2024
El exvicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, presentó un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo contra la revisión efectuada de la sentencia del procés catalán como consecuencia de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, insistiendo en que debería haber llevado a su absolución, en lugar de mantener la pena de inhabilitación de trece años, un paso previo necesario para acudir después en amparo al Tribunal Constitucional.
En un escrito, Oriol Junqueras reclamó a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que “dicte nueva resolución por la que se decrete la aplicación retroactiva de la disposición más favorable” y, “por ende, la ausencia de cualquier responsabilidad penal pendiente o, subsidiariamente, la aplicación de aquella legislación vigente que reduzca la pena que se halla cumpliendo”.
Además, la defensa subrayó que “la falta de revisión de la condena es la fórmula de mantener la finalidad de silenciamiento político” del líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), “inaplicando la ley penal vigente más favorable, de la misma forma que se inaplicó en su día la ley de la Unión Europea –y su régimen de inmunidades– para anular los derechos políticos del ex vicepresidente catalán y conservar soluciones legales de respuesta a un vacío normativo que no se acepta”.
De esta forma, combate la revisión efectuada el 23 de febrero por el tribunal del procés, por la que acordó mantener la condena a Oriol Junqueras por un delito de desobediencia –supliendo así la antigua sedición– en concurso real con otro de malversación en su versión agravada, con los trece años de inhabilitación acordados en la sentencia del año 2019, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta el año 2031.
Fuentes jurídicas ya avanzaron tras conocer dicha revisión que el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña solicitaría la nulidad al Supremo con miras a recurrir en amparo al Tribunal Constitucional.
Los diputados soberanistas de la Mesa del Parlament que presidió Carme Forcadell alegaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cumplieron “con creces” la pena de inhabilitación que se les impuso en 2020 por las leyes del procés y que el Supremo anuló en noviembre pasado.
En el TSJC comenzó ayer el nuevo juicio por desobediencia contra los diputados de Junts pel Sí, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó que conformaban la Mesa del Parlamento catalán que presidía Forcadell.
