El expresidente de Aragón y secretario general del PSOE en dicha comunidad autónoma, Javier Lambán, ha confirmado que acatará la sanción de hasta 600 euros que le corresponde por ausentarse en la votación de la Ley de Amnistía en el Senado "sin ningún tipo de escándalo", pese a que ha considerado que es una sanción "anticonstitucional".

Lambán ha expresado en una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, que por el momento no tiene ninguna notificación, pero que aceptará "sin hacer escándalo" lo que reglamente su grupo en la Cámara Alta. "Es anticonstitucional que se sancione, pero los partidos hemos adaptado el uso de autoprotección como orientadores de la política nacional", ha explicado el socialista, especificando que "sería cínico" si rechazara un reglamento que otras veces "ha planteado".

El senador socialista ha querido también destacar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha defendido lo mismo que él "en algún momento", recalcando que sobre la amnistía estuvieron de acuerdo hasta el 23 de julio. "Me considero un genuino representante de la ortodoxia del PSOE, pero está en minoría desde hace mucho", ha añadido.

Acuerdo en Cataluña

Además, ha dicho estar "convencido" de que los resultados de las elecciones catalanas no se justifican con la Ley de Amnistía y que para poder interpretarlos, "habrá que ver" qué influencia tendrán los pactos en Cataluña en la gobernabilidad de España. Asimismo, ha pronosticado que el escenario más probable es el de un Gobierno de Salvador Illa con la participación de ERC y los comunes.

"Ese (escenario) me retrotrae al tripartito de Maragall, donde se destapa la caja de los truenos. No las tengo todas conmigo, habrá que ver los pactos. Muy optimista no soy", ha zanjado el expresidente aragonés.

Estas declaraciones se producen después de que Javier Lambán se ausentase el pasado 14 de mayo de la votación que se llevó a cabo en el Senado sobre la Ley de Amnistía, alegando que no respaldaba la norma que beneficiaba a los involucrados en el 'procés' independentista. Se enfrenta así a una multa que podría llegar hasta los 600 euros, según lo decidido por el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Alta.