El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha llamado como investigado a Juan Carlos Martínez, marido de María Gámez, quien acaba de dimitir como directora de la Guardia Civil, en una pieza de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos de la Junta de Andalucía.

Es una pieza correspondiente a presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales, por los fondos transferidos por Bienvenido Martínez, hermano de Juan Carlos, como otrora presidente de la ya extinta empresa de Linares (Jaén) Santana Motor, participada por la Administración andaluza, en beneficio de su propia empresa Experience Management Group.

Así figura en dos autos emitidos los días 22 de febrero y 16 de marzo por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, incluyendo el primero de ellos la exposición de que Experience Management Group, según las pesquisas, habría transferido fondos "a otras empresas gestionadas por los hermanos" Martínez, "en concreto a la sociedad Be Make Create, titularidad de Manuel Martínez; y en favor de la sociedad Job Management Liberty, "titularidad de Juan Carlos" Martínez, "quien además habría de sido directivo de INCUBA, SOPREA y de FAGIA en 2010 y 2011".

"Efectivamente, ante la posibilidad de que Manuel M.M. y Juan Carlos M.M. pudieran haber tenido algún tipo de participación material en los hechos delictivos objeto de las actuaciones, cuya relevancia penal pudiera deducirse del conjunto de lo actuado, este juzgador estima pertinente que, para la mejor salvaguarda de sus derechos constituciones", que ambos "sean llamados al presente proceso en calidad de investigados", figura en el auto de fecha 16 de marzo.

Las asociaciones piden transparencia

Varias asociaciones de la Guardia Civil han demandado "transparencia" y un cambio a favor de la "regeneración democrática" del instituto armado tras la dimisión este miércoles de su directora general, María Gámez, por la investigación judicial a su marido en relación con supuestas irregularidades en adjudicaciones de la Junta de Andalucía.

Gámez, que será sustituida por la hasta ahora delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha presentado su renuncia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para "proteger a su familia y a la Guardia Civil", según ha manifestado en una declaración institucional.

Ante su salida del instituto armado, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, ha pedido a la administración "la máxima transparencia para que se aclaren los posibles casos que puedan afectar a este cuerpo policial".

La claridad en las actuaciones es la que debe marcar el camino futuro de la Guardia Civil, subraya su secretario general, Ernesto Vilariño, y por eso solicitan que "se permita y se facilite el trabajo de la Justicia".

En el mismo sentido, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha presentado un "plan de choque contra la corrupción y por la regeneración democrática de la Guardia Civil", ha incidido en que la salida de Gámez "se ve vinculada a los casos que han afectado a los altos mandos de la Guardia Civil penalmente investigados" por supuesta corrupción en contrataciones públicas, y ha pedido un "cambio" para que estos casos no se vuelvan a repetir.