El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró que no hay un plazo para que concluya el “traslado” de presos de ETA, sobre el que destacó que se hace “en estricto cumplimiento de la ley” y con la banda “derrotada”, una situación que comparó con la que se produjo con anteriores gobiernos del PP, con los que subrayó que hubo “más de 500 acercamientos de etarras” a cárceles próximas a Euskadi en un momento en el que “ETA asesinaba y secuestraba”.

El ministro del Interior dijo que lo que se está haciendo “no son acercamientos”, sino “traslados”. “Se está cumpliendo la legislación penitenciaria”, afirmó.

En declaraciones a los periodistas tras participar en Vitoriaen la toma de posesión del nuevo jefe de la Guardia Civil en el País Vasco, Grande-Marlaska dijo que “previamente”, durante el tiempo en el que la banda permaneció activa, “la dispersión de los presos de ETA tenía una finalidad como política antiterrorista y tuvo unos efectos absolutamente positivos”.

No obstante, indicó que, “una vez vencida la organización terrorista ETA hace ya más de diez años, evidentemente no podía materializarse, mantenerse y justificarse, en un Estado de Derecho y en términos de legalidad, una política de dispersión”.

Una hoja de ruta

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) alertó mediante un vídeo en redes sociales que el entorno de los presos de ETA busca este 2023 acelerar las excarcelaciones mediante las progresiones de terceros grados, siguiendo una “hoja de ruta que es cumplida por el Gobierno religiosamente” tras poner fin a la dispersión en cárceles fuera del País Vasco y Navarra.

“La hoja de ruta que marca ETA y su entorno cada mes de enero es cumplida por el Gobierno religiosamente. El ejemplo más claro lo tenemos en este 2022: pidieron acabar con la dispersión y flexibilizar los terceros grados, y lo han conseguido con creces”, ha señalado la AVT, que asegura que “ahora los quieren libres”.

La AVT sostiene que el 2022 acabó con el 92% de los presos etarras en cárceles vascas o navarras. El Ejecutivo vasco, que asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, ha aprobado durante 2022 un total de 32 terceros grados a presos de ETA, si bien la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió 22 de ellos.

Por otra parte, las investigaciones abiertas a varios antiguos integrantes de la cúpula de ETA siguen su curso en la Audiencia Nacional, donde dos magistrados prorrogaron las pesquisas acerca de la supuesta responsabilidad de los exjefes de la banda en los atentados perpetrados contra el edil del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, en 1995, y el juez del Supremo José Francisco Querol, en el 2000.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones  habían solicitado la prórroga de la instrucción de ambos atentados seis meses más al considerar que había aún diligencias por practicar.