El PSOE y el PP lograron este martes rubricar la renovación inmediata para este mes de julio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de cinco años y medio de bloqueos, un desenlace que ha sido posible con cuatro reuniones con mediación de la Comisión Europea.

"Hoy gana nuestro Estado de derecho, ganan nuestras instituciones, gana en reputación nuestro país y, por tanto, gana España. Es un gran acuerdo. Gracias a todos los que lo han hecho posible, desde hoy recuperamos la plena normalidad en los tres poderes de nuestro país", afirmó el ministro español de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en rueda de prensa en la Comisión Europea.

En el mismo sentido se expresó unos minutos antes y en el mismo atril el vicesecretario de acción institucional del Partido Popular, Esteban González Pons: "Hoy, la justicia española es más independiente que lo era ayer e inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos", señaló.
Ambos rubricaron juntos ante las cámaras el pacto que tanto ha tardado en llegar, pero comparecieron separados para explicarlo a la prensa en compañía de la vicepresidenta comunitaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová.

"El acuerdo que acabamos de firmar está garantizado por la Comisión Europea y para el Partido Popular es muy importante contar con esta garantía. Sin esta garantía de la Comisión Europea, nosotros no habríamos firmado", recalcó González Pons.

La comisaria checa rindió homenaje al "compromiso y voluntad de llegar a un acuerdo" de ambas partes, lo que muestra que también se pueden alcanzar acuerdos entre "rivales políticos". "El Estado de derecho y la independencia del poder judicial son demasiado importantes como para ser víctimas de intereses políticos particulares", subrayó.

El acuerdo

El pacto entre populares y socialistas incluye la renovación de forma inmediata de los veinte vocales del CGPJ y la tramitación de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de forma que ambas sean refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados en julio.

Además, se reforzará el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos y a la inversa. Cualquier candidato a fiscal general del Estado, por ejemplo, tiene que haber estado cinco años alejado de la actividad política.

Por su parte, al presidente del Tribunal Supremo no lo señalará el Gobierno, sino que serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado con un mínimo de doce votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos.

De forma paralela, se encomienda al nuevo CGPJ que elabore propuestas de reforma para el nombramiento de sus vocales judiciales, propuesta que se remitirá al Gobierno, al Congreso y al Senado, donde deberá aprobarse con una amplia mayoría.

Seguir buscando consensos

El ministro Bolaños dejó claro que "no hay otros acuerdos que estén fuera de lo que hoy se firma, de lo que se hace público", al ser preguntado sobre un posible paquete de pactos institucionales más amplio que pudiese afectar a otros organismos pendientes también de renovación o que puedan estarlo próximamente, como el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o RTVE.

Ahora bien, Bolaños consideró que el "clima de diálogo" que se ha abierto entre los dos grandes partidos españoles "favorece" que sigan hablando, que sigan dialogando y con toda normalidad, que "sigan otros acuerdos en otros ámbitos".

Aunque enfrió un poco el ambiente de euforia por el acuerdo al enmarcarlo en los cinco años que ha costado lograrlo y en los muchos documentos y borradores que se han elaborado durante ese tiempo, en el que dijo haber estado en "casi todas las reuniones".

Agradecimientos

A mitad de trayecto se sumó González Pons, quien quiso hoy agradecer a Bolaños el trabajo que ambos han realizado juntos durante dos años. "La verdad es que dos años negociando los dos es casi el principio de una amistad", bromeó el dirigente popular.

"Quiero también agradecer el esfuerzo del Partido Popular y en particular a Esteban González Pons por estos últimos meses de negociación, donde hemos trabajado duro, mucho, para lograr hoy la firma que acabamos de hacer delante de todos ustedes", dijo Bolaños.

El ministro reconoció también el respaldo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, "por su apoyo en estos últimos años, donde la negociación ha pasado por momentos muy difíciles, pero el presidente siempre ha estado ahí". 

Vocales propuestos por los jueces

- Ángel Arozamena. Magistrado de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
- José Antonio Montero. Magistrado de lo Contencioso del Tribunal Supremo, avalado por la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
- Gema Espinosa. Magistrada de la Audiencia de Barcelona, exdirectora de la Escuela Judicial y pareja del juez Pablo Llarena.
- Esther Erice. Jueza del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, emitió un voto particular discrepante con la rebaja de la condena al miembro de La Manada Ángel Boza. Es miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD).
- José María Páez. Juez decano de Málaga desde 2009. Miembro de la APM.
- José Carlos Orga. Magistrado de la Audiencia de Logroño. Miembro de la APM, de la que fue presidente de la sección territorial en La Rioja
- José María Fernández Seijo. Juez de lo mercantil de Barcelona, que llevó a la justicia europea la ley hipotecaria española. Avaldo por JJPD.
- Lucía Avilés. Jueza de lo penal de Mataró (Barcelona) y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE).
- Alejandro Abascal. Juez de refuerzo de la Audiencia Nacional, avalado por la APM.
- Carlos Hugo Preciado. Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y avalado por JJPD.
- Esther Rojo. Presidenta de la Audiencia de Valencia desde 2019 y miembro de la APM.
- José Eduardo Martínez Mediavilla. Presidente de Audiencia de Cuenca desde 2012.
Vocales elegidos entre juristas de reconocido prestigio:
- Inés Herreros. Fiscal. Expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y actualmente en la Fiscalía de Memoria Democrática.
- José Luis Costa. Presidente del Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa.
- Argelia Queralt. Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y letrada del TC.
- Pilar Jiménez. Fiscal superior de Cantabria. Miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF).
- Ricardo Bodas. Magistrado jubilado de la Sala de lo Social del Supremo. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia en el primer Ejecutivo de Zapatero.
- Isabel Revuelta. Letrada de las Cortes. Una de las autoras del informe que advertía de que la ley de amnistía podría no tener encaje en la Constitución.
- Bernardo Fernández. Expresidente del Consejo Consultivo de Asturias, quien ya figuraba en el último acuerdo a propuesta del PSOE.
-Luis Martín Contreras. Letrado de la administración de justicia del Supremo, quien también figuraba en el último acuerdo a propuesta del PSOE