El PSOE, Sumar, los independentistas de ERC y Bildu y los nacionalistas del PNV y BNG han registrado este miércoles una proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso para poder usar las lenguas cooficiales en todos los debates de la Cámara y en la presentación de iniciativas.

La propuesta, recogida por Europa Press, no menciona expresamente el catalán, el gallego o el euskera, sino que permite el uso de "cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficial en algunaComunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía", lo que abre la puerta al aranés y evita la polémica sobre la denominación de catalán o valenciano.

Esas lenguas cooficiales se podrán utilizar en todos los debates parlamentarios, tanto en el Pleno y la diputación permanente como en las distintas comisiones, y todo desde la misma entrada en vigor de la reforma reglamentaria.

La idea de estos partidos es que la reforma se apruebe en dos semanas para que pueda aplicarse ya en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, previsto para los próximos 26 y 27 de septiembre, y para ello han pedido la tramitación por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar los plazos parlamentarios a la mitad, y que se debate "en lectura única" en el Pleno, sin pasar por la Comisión de Reglamento, que aún no se ha constituido.
 

Con la mayoría absoluta que suman estas seis formaciones, los proponentes planean un Pleno en la semana del 19 al 21 de septiembre para aprobar la reforma y que entre en vigor de inmediato. Lo único que se retrasa es el uso de lenguas cooficiales al presentar textos escritos, pues se establece un periodo de transición de un máximo de seis meses para adaptar los servicios de la Cámara, tiempo en el que los grupos podrán registrar iniciativas en euskera o catalán, pero deberán acompañar la traducción al castellano.

El Diario de Sesiones recogerá las intervenciones tanto en la lengua cooficial como en castellano, al igual que las actas taquigráficas de las sesiones que fueran declaradas secretas y no publicables. Y el Boletín de las Cortes publicará las iniciativas escritas en la lengua cooficial utilizada y en castellano.

Para aplicar estos cambios, el Congreso dispondrá de los medios personales y materiales necesarios, incluyendo los servicios de traducción e interpretación de todas las lenguas que tengan el carácter de oficial. Se mandata a la Mesa del Congreso para que, oída la Junta de Portavoces, establezca los procedimientos y losmedios necesarios.

La iniciativa no lo detalla pero el plan inicial es que se vayan contratando ya de urgencia traductores para el debate de la investidura de Feijóo, y también habría que repartir cascos para que los diputados y los servicios de taquigrafía puedan seguir los discursos en lenguas cooficiales,
 

A la espera de que más adelante se convoque un concurso público para asentar la nueva plantilla de traductores, estos primeros contratos podrían salir del fondo de remanentes que dispone el Congreso con los excedentes que se han ido generando año tras año con las partidas presupuestarias no ejecutadas.

Según los últimos datos publicados por el Congreso, a 31 de marzo de 2022, fecha de cierre del ejercicio 2021, la cuantía de ese fondo era de 108,24 millones de euros.

El uso del catalán y demás lenguas cooficiales en los debates parlamentarios en Pleno y comisión fue un compromiso que el PSOE adquirió con los independentistas de ERC y Junts a cambio de su voto para que la socialista Francina Armengol fuera elegida para presidir la Cámara y con ello hacerse con la mayoría en la Mesa.

En su toma de posesión, Armengol se comprometió a permitir desde el primer día el uso del catalán, el euskera y el gallego en los Plenos del Congreso, pero días después enfrió esa medida precisando que se necesitaban cerrar algunos flecos.

El Reglamento del Congreso no determina que se deba hablar en castellano ni impide hablar en las lenguas de ámbito autonómico, pero algunos letrados ya habían advertido de que generalizar el uso de los idiomas cooficiales podía provocar carencias en el procedimiento parlamentario y generar un riesgo de indefensión en los demás diputados que no conocen esas lenguas.
 

En la proposición de ley registrada, los grupos proponentes aprovechan para cambiar el masculino genérico de los artículos del reglamento afectados, y ya no sólo se habla de la lengua que podrán usar "los diputados", sino de "los diputados y las diputadas".

Es más, se añade Disposición Adicional para ordenar que "en el plazo más breve posible se acometerá una revisión del texto del Reglamento del Congreso para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género".

Avanzar en igualdad es uno de los compromisos que ha venido anunciando la nueva presidenta del Congreso para esta decimoquinta legislatura.