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martes | 3 diciembre | 2024
Esquerra presentará enmiendas al texto de reforma del Código Penal, para modificar también el delito de malversación de forma “quirúrgica” y con el objetivo de “avanzar en la desjudicialización” y “limitar las arbitrariedades” del Estado, según confirmaron fuentes de la formación republicana.
Esta noticia llegó después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comentara que se plantea reformar el delito de malversación, pero dejando claro que en cualquier caso no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción.
Así, los republicanos presentarán enmiendas a la reforma de la malversación, en el marco de la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso y que supondrá la derogación del delito de sedición, un acuerdo que cerraron la Moncloa y la Generalitat.
El objetivo de ERC es “avanzar en la desjudicialización de la vida social y política”, así como “limitar las potenciales arbitrariedades del Estado para perseguir y reprimir al movimiento independentista”.
Por ello, la propuesta de enmienda en la que está trabajando Esquerra y que hará pública en próximos días busca “explorar quirúrgicamente los márgenes que haya para redefinir el delito de malversación, aclararlo y evitar interpretaciones sesgadas”, agregan esas mismas fuentes.
El partido liderado por Oriol Junqueras quiere evitar que el delito de malversación se pueda volver a usar de “forma arbitraria para perseguir al movimiento independentista”, pero recalcan al mismo tiempo que ninguna reforma puede ser utilizada para rebajar penas en casos de corrupción. Para Esquerra, la resolución del conflicto solo podrá pasar por amnistía y autodeterminación; pero dichas fuentes agregan que “cualquier paso que acerque a la desjudicialización es buena noticia para cualquier movimiento de protesta o disidencia política y para el independentismo”.
En ese contexto, los republicanos consideran “vital” tanto la derogación del delito de sedición como la “reducción de penas” en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, algo que consideran como “un mínimo”.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se pronunció en ese sentido subrayando el “compromiso claro” en la lucha contra la corrupción del PSOE y aseguró que “hay una línea roja” en la reforma del delito de malversación y que “en ningún caso” se va a apoyar “ninguna enmienda” que suponga favorecer la corrupción, e insistió que “tiene poco rigor hablar de algo cuando todavía no está plasmado en un texto”.
“La posición del Gobierno es rotunda y clara. Las enmiendas se tienen que estudiar, pero hay una línea roja y es que en ningún caso el grupo socialista va a apoyar ninguna enmienda que de alguna manera favorezca lo que es la corrupción”, recalcó Robles, que recordó que la regulación de la malversación fue cambiando porque “el Código Penal está permanentemente en evolución”.
En cualquier caso, afirmó, no se está hablando de una “despenalización”, si bien consideró que “el reproche político no puede ser el mismo” para quien se enriquece para sí y para una actuación con fondos públicos que no conlleva un lucro personal.
Por su parte, la ministra de Industria y candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, dijo que son el partido y el Gobierno que más medidas tomaron para luchar contra la corrupción y que ahora “no va haber ningún retroceso” en ese sentido.
Maroto insistió en que no van a hacer “nada” en contra de lo defendido hasta ahora, que fue tomar todas las medidas necesarias para que la corrupción salga de la política y “los corruptos de las instituciones”.
No obstante, no todos los parlamentarios del PSOE se muestran de acuerdo. El secretario general de la formación de Madrid y candidato a presidir la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 28 de mayo, Juan Lobato, defendió la supresión del delito de sedición pero dejó clara su oposición a que se modifique el delito de malversación para favorecer a los condenados por el ‘procés’.
En este sentido, consideró que el Código Penal debe ser “muy duro” con destinar dinero público para hacer un referéndum ilegal y tratar de separar un trozo del territorio de España.
“A los corruptos ni un día menos de prisión, ni a los corruptos del PP de Madrid, ni a los del PSOE, ni a los catalanes, ni un día menos”, exclamó antes de afirmar su convicción de que cualquier reforma que se haga sobre el delito de malversación va a mantener que “ningún corrupto tenga ni un día menos de prisión por este tema”.
Al ser preguntado si estaría de acuerdo con una modificación del delito de malversación en el Código Penal para favorecer a los condenados por malversación en el procés, el dirigente socialista madrileño explicó que “esa pregunta en derecho penal no se puede ni hacer”.
Por otra parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ser el jefe del Ejecutivo “de los independentistas, los separatistas y de los herederos de ETA”, a la vez que aseguró que “abrir la puerta a establecer distintos niveles de malversación es una pésima noticia para todos los españoles”.
“Este mes de diciembre es malo para el interés general y el de los españoles, puesto que hemos visto se ha derogado el delito de sedición porque ha sido una exigencia de ERC en la defensa de los golpistas, que querían volver a reincidir, y la mejor forma de no delinquir es quitar del Código Penal el delito”, manifestó.
El dirigente ‘popular’ afeó a Sánchez que haya antepuesto “los intereses de sus equilibrios en el seno del Congreso de los Diputados a los intereses generales” en un día “tan señalado como la jornada de la Constitución”.
“No todo vale en política, no se puede vender ni la integridad ni la separación de poderes ni el Estado de Derecho a cambio de un puñado de votos por permanecer unos meses más en La Moncloa”, dijo Rollán, quien considera que abrir la puerta a “establecer distintos parámetros o niveles en función de la malversación” es “una pésima noticia para el Estado español y para los españoles”.
Por ello, pidió al Gobierno que “deje de legislar”, porque “cada día que firma una ley perjudica a los españoles” y a la “reputación internacional” del país.
Del mismo modo, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, llamó a Pedro Sánchez “presidente kamikaze” porque cree que solo él “se atreve a devaluar la democracia con medidas propias de regímenes de otras latitudes, totalitarios”. Así, el dirigente popular planteó que Sánchez debe comparecer para aclarar por qué decide “abaratar las condenas a los corruptos”, y cómo y cuándo entrará en vigor la reducción de penas, un hecho que considera grave porque “socava el estado de derecho, el espíritu de la transición y los pilares democráticos”.
