Los beneficios fiscales autonómicos ascienden hasta 592 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 13,4% respecto al año anterior, que se situaron en 522. Esta es la cifra que las arcas públicas gallegas dejarán de ingresar el año que viene por rebajas y bonificaciones adoptadas por la Xunta en los últimos años.
Así lo destacó ayer en rueda de prensa el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, después de entregar el proyecto de cuentas públicas para el año que viene al presidente del Parlamento, Miguel Santalices.
Según resaltó, los 592 millones en beneficios fiscales son 144 millones más que en 2020, lo que representa un alza del 32,2%, y el 91% tienen, según remarcó Corgos, “carácter social”.
En comparación con 2022 son 70 millones más en beneficios fiscales, de los cuales 17 se corresponden con parte del impacto que tiene la rebaja del impuesto sobre patrimonio aprobada por la Xunta. “La del primer 25%, porque el segundo 25% impacta el año que viene”, explicó Corgos.
Todavía en el ámbito fiscal, el conselleiro recordó que las nuevas decisiones del Gobierno gallego —entre las que se incluye la deflactación con carácter retroactivo a 1 de enero de los tres primeros tramos del IRPF y la rebaja del tramo más bajo para rentas “más modestas”— supondrán dejar 128 millones de euros “en los bolsillos de los ciudadanos”, tal y como destacó el pasado martes el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
Dentro de este modelo fiscal “propio y previsible”, como lo denomina la Xunta, para el ejercicio próximo se equipara a efectos fiscales a las familias con dos hijos a las numerosas, lo que supondrá una deducción de 250 euros. Además, se duplica la deducción para las familias de tres hijos, con lo que alcanza los 500 euros.
Por otra parte, a preguntas de los periodistas sobre el sistema de financiación, el titular de Facenda vio “preciso que se entre a fondo a discutir sobre un nuevo modelo” de financiación autonómica.
“No podemos estar al albur de los calendarios políticos esperando reformas estructurales”, subrayó, antes de insistir en que es necesario “darle una vuelta” al sistema de financiación, al ser “insuficiente” y generar “ineficiencias”.
Por su parte, los grupos de la oposición en el Parlamento gallego —BNG y PSdeG— pedirán la devolución de los presupuestos de la Xunta para el próximo año, mientras que el PP defendió que son unas cuentas “saneadas”, adecuadas para el momento actual y que permitirán que la actividad económica “sufra menos” de lo que aventuran algunos estudios.
Tanto Ana Pontón (BNG) como Luis Álvarez (PSdeG) defendieron que las cuentas entregadas por el conselleiro de Facenda en el Parlamento no son las que necesita Galicia con “un pelotazo” fiscal a los ricos y sin recuperar instrumentos como la Tarxeta Básica para atender a los más desfavorecidos, críticas que desdeñó su homólogo en el PPdeG, Pedro Puy.
En este sentido, Corgos defendió de nuevo el gasto social que se incluye en los presupuestos, que está cifrado en 9.368 euros —de los cuales 1.164 millones directamente a políticas fiscales—, y remarcó que las medidas que incluyen las cuentas son “consistentes, funcionan” y, por ejemplo, recoge un incremento de la Risga de un 8%.
Así, el conselleiro remarcó que el conjunto de los recursos que se van a dedicar a la población en riesgo de exclusión social “supera con mucho a lo dedicado” a la Tarxeta Básica.