El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha asegurado este miércoles que la sanidad pública garantiza el cumplimiento de la legislación vigente en materia de salud sexual y blinda la interrupción del embarazo en las siete áreas sanitarias de la Comunidad.

El titular de la sanidad gallega ha remarcado que los centros de orientación familiar y los centros hospitalarios del sistema público “permiten la realización de abortos farmacológicos en las siete áreas sanitarias por debajo de las 9 semanas de gestación”.

Entre las 9 y 14 semanas, “los centros hospitalarios de todas las áreas sanitarias realizan interrupciones voluntarias del embarazo por el procedimiento instrumental”, mientras que “entre las 15 y 22 semanas -un período lo que la legislación vigente ya solo permite el aborto por causas médicas- los hospitales de cabecera de las siete áreas y también algún hospital comarcal realizan estas intervenciones, bien sea por procedimiento farmacológico o instrumental”.

De este modo, el conselleiro ha remarcado que Galicia ya cumple con la legislación y no precisa de ningún resquicio en la reforma legal, puesto que ya garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en todas las áreas, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades gobernadas por el PSOE como La Rioja o Extremadura.

De este modo, en su intervención en la Cámara, ha sostenido que las reformas previstas en la legislación estatal no añaden ninguna prestación nueva a las que ya lleva ofertando la sanidad pública gallega desde hace muchos años.

En respuesta a una interpelación realizada por el PSdeG, García Comesaña ha puesto en valor los datos de Galicia ya que de la totalidad de interrupciones voluntarias que se han realizado en 2022, el 60 por ciento se practicaron en centros públicos y el 40 por ciento se derivaron a centros privados.

En todo caso, el conselleiro ha remarcado que al igual que en otras cuestiones, la posición del Gobierno gallego es cumplir la ley sea cuál sea su opinión al respecto de la misma.

"Señorías, no sé cómo funciona el PSOE, pero aquí sea cuál sea la opinión sobre la ley la obligación es cumplir(la)", ha sentenciado.

Respecto a las alegaciones realizadas por la Xunta a la reforma en trámite, el conselleiro ha defendido sus aportaciones porque el Gobierno gallego no considera "razonable ni bien regulado el cambio respecto a la no necesidad de consentimiento de los titulares de la patria potestad en el caso de menores de edad ya que puede generarse una situación de desprotección de una menor".

La Xunta, ha dicho, considera "poco apropiado eliminar el período de reflexión sobre esta intervención ya que la propia ley establece el deber de proporcionar un volumen muy importante de información a la mujer, tanto sobre los distintos métodos como sobre las condiciones y los centros disponibles".

Frente a ello, la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Noa Díaz, ha pedido a la Xunta “diligencia” para asumir la nueva norma y ha desmentido al conselleiro, al asegurar que hay áreas sanitarias en Galicia “en las que no se practican abortos en la pública en función de la semana de gestación”, derivando a centros privados.

Díaz ha denunciado que el Gobierno gallego se niega a ofrecer datos públicos de interrupciones voluntarias de embarazo en centros públicos y sobre los que son derivados a las privadas.

Ante esta situación, la diputada del PSdeG ha manifestado su “preocupación” ante la intención de la Xunta de “poner trabas a la inminente normativa” en la que trabaja el Gobierno.

Noa Díaz ha insistido en que la preocupación de su grupo deriva también del “titubeo” y las “posturas nada contundentes de apoyo a los derechos de las mujeres” por parte del PP gallego durante la polémica por el anuncio del gobierno de Castilla y León de un protocolo “infame” para “coartar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo”.