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miércoles | 25 diciembre | 2024
El Pleno del Congreso dio luz verde ayer a la reforma de la ley del aborto, que garantiza esta prestación en hospitales públicos, y elimina la obligatoriedad del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, con lo que el texto continuará su tramitación parlamentaria en el Senado.
Con la aprobación del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Igualdad, que contó con 190 a favor, 154 en contra, entre ellos PP, Vox y Ciudadanos (Cs), y cinco abstenciones, se dio, en palabras de la ministra Irene Montero, “un paso muy importante” para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Montero agradeció a la mayoría feminista de la Cámara su apoyo a la futura norma y recordó a figuras como a las once de Basauri, Justa Montero o la exministra de Igualdad Bibiana Aído.
“Las leyes feministas siempre tienen muchas madres”, enfatizó y ensalzó el feminismo como “el principal impulso democratizador” de la sociedad en “este momento difícil para la democracia” y “en un contexto de ofensiva reaccionaria”.
Montero destacó que la reforma garantiza que las mujeres puedan abortar en el hospital público más cercano a su domicilio, recupera el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para las chicas de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, facilita el acceso a los anticonceptivos de última generación y procura educación afectivo sexual en las escuelas.
Entre otras medidas, la norma elimina el período de tres días de reflexión antes de someterse a un aborto y la práctica de entregar un sobre con la información sobre los recursos a los que puede acudir la mujer que va a abortar y que incluye prestaciones y ayudas a la maternidad.
Regula la objeción de conciencia y contempla bajas temporales de preparto en la semana 39 y bajas por menstruación incapacitante. También impide a los médicos objetores participar en los comités clínicos que deciden sobre los abortos a partir de las 22 semanas. Estos comités no tendrán la última palabra en la interrupción del embarazo a partir de la semana 22.
El texto fomenta la implicación y la responsabilidad de los hombres en la prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual y considera contratos nulos de pleno derecho los relativos a la gestación subrogada.
Los socios parlamentarios del Ejecutivo también cargaron contra el PP y Vox por oponerse a lo que consideraron un avance en los derechos de las mujeres, y si bien manifestaron discrepancias con el texto, reconocieron la necesidad de esta reforma.
El PP hizo referencia a la propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial, que se mostró crítico con varios de los ejes del proyecto. Vox, insistió en la inconstitucionalidad de la ley al no proteger ni a la madre ni al no nacido.
La diputada del PSOE, Susana Ros, se dirigió a estos dos grupos a los que acusó de querer legislar desde la moral cristiana: “La religión en la iglesia y la educación, en las aulas”, aseveró y criticó a Cs por defender la gestación subrogada.
