El Gobierno y la Xunta alcanzan un acuerdo para evitar un recurso ante el Constitucional por la normativa eólica

El Gobierno y la Xunta alcanzan un acuerdo para evitar un recurso ante el Constitucional por la normativa eólica

El Ministerio de Política Territorial ha llegado a un acuerdo con la Xunta para evitar que esta lleve al Tribunal Constitucional (TC) la ley autonómica de medidas fiscales y administrativas por conflicto competencial, según informa el Gobierno central.


Ambas partes han acordado interpretar el artículo 46 de la citada ley que introduce una nueva disposición adicional a la ley por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el fondo de compensación ambiental.


"En el sentido -- añade el Ministerio-- de que la declaración en que haga constar que el proyecto cumple con todos los requisitos para la autorización a excepción del permiso de acceso y conexión prevista ella" se emitirá por el órgano correspodiente a "efectos de que el promotor pueda conocer el estado de tramitación del expediente".


Asimismo, han pactado también interpretar que esta "declaración" carece de efectos jurídicos tanto procedimentales como sustantivos en relación con el procedimiento de autorización previsto en el artículo 53 de la ley del sector eléctrico relativo a la autorización de instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas.
 

Por otra parte, según ha informado el Ministerio dirigido en funciones por Isabel Rodríguez, el Gobierno central ha logrado, además, un acuerdo con Cataluña para evitar que la Generalitat lleve al TC la ley de interrupción voluntaria del embarazo por entender que había una invasión competencial en la norma.


En concreto, ambas partes han llegado a pactos hasta en siete preceptos de esta ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que se trata de una norma estatal sobre la que Cataluña se quejaba de conflicto competencial.  

El Gobierno y la Xunta alcanzan un acuerdo para evitar un recurso ante el Constitucional por la normativa eólica

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