El Parlamento de Galicia aprobó este jueves una proposición no de ley con la que insta a la Xunta a continuar impulsando un ecosistema de apoyo al emprendimiento. La iniciativa, propuesta por el grupo popular, no contó con el apoyo de los grupos del BNG y el PSdeG. 

En ella, piden también que se impulsen los polos de emprendimiento “como canalizadores del relevo generacional y como instrumento de asesoramiento de emigrantes que quieran iniciarse por cuenta propia, además en funcionamiento aquellos que se encuentran inactivos”.

La diputada del Partido Popular, Noelia Pérez, manifestó que “Galicia está llena de talento y oportunidades que demandan un ecosistema de apoyo que les ayude a impulsar y consolidar sus proyectos con acompañamiento y asesoramiento continuo y con una tutorización con profesionales de primer nivel”.

“Ese es el objetivo de los polos de emprendimiento: un enfoque innovador, con personal especializado, con el objetivo de promover actividades económicas ligadas a los territorios, identificación de proyectos empresariales diferenciados y colaboración con agentes de otras áreas territoriales”, defendió.

Además, la diputada popular detalló durante su intervención que la red está integrada en la actualidad por trece centros que ya asesoraron a alrededor de 2.000 proyectos.

Censura de la oposición

Por su parte, la diputada socialista Silvia Longueira censuró la falta de una política activa de empleo por parte del Gobierno gallego, asegurando que falta ejecución presupuestaria en un mercado “con escaso dinamismo laboral”.

Además de pedir la implantación de los pactos territoriales de empleo, que consideró “claves”, calificó los polos de “mecanismo de propaganda de la Xunta”.

En estos términos se expresó también la nacionalista Olalla Rodil, que los calificó de “chiringuitada” y los acusó de “crear” duplicidades “fuera de la administración”, pero “sostenidos con fondos públicos”.

“Y aquí tenemos el ejemplo perfecto y claro de la administración paralela, que crea una red gestionada por entidades privadas para que hagan funciones que debería estar haciendo la administración pública”, defendió Olalla Rodil.