El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso del Gobierno contra los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la ley gallega de acompañamiento a los presupuestos para 2023 –Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas– y suspende estos preceptos relativos a la normativa de costas.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de septiembre presentar recurso de inconsticionalidad contra estos artículos al no alcanzarse acuerdo en la Comisión Bilateral con la Xunta, que ahora admite a trámite el Constitucional. Paralelamente, está pendiente que el TC se pronuncie sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la ley gallega de litoral de julio de 2023.

En concreto, los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la ley de acompañamiento limitan a un plazo de 15 años el plazo de obligación de restitución de obras ilegales en zona de dominio público marítimo-terrestre y abre la puerta a su regularización tras ese periodo, lo que choca con la legislación estatal.

El Gobierno alega que los citados artículos podrían vulnerar las competencias del Estado para la determinación del régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre –artículo 132.2 de la Constitución– y la legislación básica en materia de protección del medio ambiente litoral –artículo 149.1.23ª–.

En los preceptos suspendidos se recoge el “ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma de Galicia para la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre” y la “prescripción de la obligación de restitución o reposición de la legalidad por infracciones reguladas en la normativa en materia de costas cometidas” en dicha zona.

Los magistrados también acordaron, a petición del Ejecutivo, suspender la aplicación de los preceptos recurridos, desde la fecha de interposición del recurso (28 de septiembre) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para los terceros.  

Por su parte, el BNG discrepó ayer de la decisión del Tribunal Constitucional y lamentó el “uso partidista” que PP y PSOE hacen de ese asunto.

Llamamiento al diálogo

Tras la decisión del alto tribunal, el viceportavoz del BNG, Luís Bará, denunció que la Xunta de Galicia y el Gobierno central utilicen el litoral y el sector mar-industria para una “confrontación partidista”. En este sentido, Bará hizo un “llamamiento al diálogo” y pidió una convocatoria urgente de la comisión bilateral de cooperación entre ambos gobiernos.

Galicia cuenta con competencias en materia de ordenación y gestión del litoral, incluyendo el dominio público marítimo-terrestre, según Bará, que aboga por aprobar una ley de traspaso de competencias. En base a ello, el BNG va a registrar de nuevo una proposición de ley en esta línea aunque, a juicio del diputado nacionalista, la Xunta y el PP, ya hicieron todo lo posible para llegar a esta situación de bloqueo.

Según el parlamentario nacionalista gallego, el PP “buscó” una “confrontación y la utilización del litoral y del sector del mar para obtener réditos partidistas” mientras que el Gobierno central “entró al trapo y asumió un papel hipercentralista con el veto al núcleo duro de la ley”.