Una trabajadora social acusada de una presunta agresión sexual a una menor de 13 años, cargos por los que la Fiscalía solicita 11 años de prisión, ha negado los hechos este martes en la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde solo ha declarado ella.

La primera jornada de la vista oral del juicio, que se reanudará este miércoles con el testimonio de la menor, por acuerdo de las partes fue celebrada a puerta cerrada y la acusada, Beatriz, ha rechazado tal agresión y ha considerado que es una acusación falsa contra ella, confirmó posteriormente su abogado a los periodistas.

La defensa ha aportado nueve manuscritos que la niña tendrá que confirmar o negar en su comparecencia, ya que ha sido invalidada una prueba pericial caligráfica.

Según el abogado de Beatriz, la menor manifiesta en esos textos que le presionaron para acusar a la trabajadora social y hace referencia a otros casos de agresión sexual por parte de su entorno familiar previos al que se juzga. 

El letrado también ha solicitado que la menor comparezca con un defensor judicial independiente por si está siendo coaccionada. 

Además, la defensa ha presentado un acta notarial de una niña que convivió con la acusada y la menor todo el tiempo que esta estuvo en el centro y que, según su versión, da cuenta de que Beatriz actuó siempre con corrección. 

Ella comparecerá como testigo en la vista tras haber adquirido la mayoría de edad.

También según el abogado que representa a la acusada, aunque su cliente fue despedida por este caso, posteriormente se le reconoció un despido improcedente y con una carta de recomendación, algo incongruente.

La defensa ha aportado un informe pericial del volcado del teléfono móvil de la acusada para extraer los archivos que en él constan, entre ellos actas de las reuniones semanales de unidad que, según el abogado no fueron facilitadas por la Xunta y que Beatriz logró recabar, así como los mensajes que intercambió con la abuela de la pequeña, que ahora ejerce la acusación particular y solicita una indemnización de 30.000 euros. 

La vista oral del juicio, en el que está personada la Xunta de Galicia como acusación, se reanudará este miércoles a puerta cerrada.

La presunta agresión según el escrito de calificación fiscal, se perpetró entre 2018 y 2019, después de que la mujer conociese a la niña en un centro de menores en el que ejercía de trabajadora social.

El 30 de enero de 2020 las autoridades adoptaron una orden de protección por lo que se prohibía a la trabajadora social acercarse a menos de 100 metros de la menor o comunicarse con ella por cualquier medio, una decisión que continúa en vigor. 

De hecho, cuando se le tome declaración, la acusada estará en una sala anexa.

La Fiscalía pide para la mujer 11 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a menor de edad y la prohibición de comunicarse con la víctima o aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo, centro de estudios y cualquier lugar en el que ésta se encuentre a menos de 100 metros por un tiempo de 15 años. 

Solicita igualmente su inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que implique relación o contacto con menores de edad por tiempo de 16 años o, en su caso, durante 5 años más que la pena privativa de libertad que resulte impuesta, además de una indemnización de 5.000 euros a la víctima.