La Xunta va a iniciar la tramitación de una ley de educación digital, para regular todo lo que implican las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA) en el ámbito escolar, que saldrá a consulta pública próximamente para aprobarla a finales de este año o en el primer trimestre de 2026.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta, el presidente de gallego, Alfonso Rueda, explicó que el objetivo es “regular los derechos y deberes de la comunidad educativa ante esta nueva realidad, cómo tiene que ser la comunicación digital entre alumnos y docentes fuera del horario lectivo, así como el uso de herramientas de IA en la actividad educativa” y “prevenir conductas contrarias a la convivencia en el ámbito digital”.

La futura ley incluso podrá abordar la polémica surgida sobre el uso de las tabletas y los libros electrónicos en la educación, después de que el año pasado algunos centros se retirasen del sistema EdixGal, en el que se apuesta por la aulas digitales en detrimento del papel.

Rueda especificó que se inicia una consulta pública para ver “qué sale de todo esto”, ya que la implantación de las nuevas tecnologías está ahí y “está bien regularla”.

 Además, destacó que la Xunta ya fue “pionera” en regular por ley el uso de la IA, con una normativa que está a tramitación en el Parlamento, y en establecer la prohibición de la utilización de los móviles en las aulas.

La intención del Gobierno gallego es que los alumnos terminen su formación “con las competencias digitales que van a necesitar el resto de sus vidas” y tener en cuenta “la necesaria protección y el uso adecuado de estos medios”.

banco de explotaciones agrarias 

Por otra parte, el Consello de aeste lunes aprobó abrir esta semana un banco de explotaciones agrarias a través de una plataforma para poner en contacto a los titulares que quieren retirarse con gente interesada en coger las riendas para facilitar el relevo generacional. 

El objetivo es favorecer la transmisión de hasta 140 explotaciones hasta 2026 y, por primera vez, se establecerán ayudas a las personas que quieren ocuparse del relevo y a los titulares de las explotaciones para que opten por este sistema en lugar de por el cierre.

Encuesta privada

Además, Rueda justificó la encuesta encargada por la Xunta a una empresa privada sobre la percepción social del gallego, cuatro meses después del informe del Instituto Galego de Estadística, organismo público autonómico, que despertó alarma por la reducción del uso del idioma en Galicia. 

Así, argumentó que la Xunta tiene que tener “muchas fuentes para formar su opinión y su planificación” y la del estudio de la empresa privada es “una más”, para saber “cuál es la foto” de la situación del gallego.