La Xunta ha establecido este jueves las líneas estratégicas en materia de vivienda para cuatro años en los que planifica hasta 1.800 más destinadas a alquiler social, así como 3.000 viviendas protegidas que serán construidas por empresas privadas o cooperativas.

Según ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para las de alquiler social se destinarán un total de 250 millones de euros con el objetivo de alcanzar las 5.600 viviendas disponibles para las personas con menos recursos, frente a las 3.800 que hay actualmente.

De estos 1.800 inmuebles nuevos, 950 los construirá el propio Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), mientras que 260 serán de promoción privada; otras 157 corresponden a vivienda en rehabilitación a través del Plan Rexurde de la Xunta y 331 son de propiedad municipal que recibirán ayudas del Gobierno gallego para habilitarlas.

Además, otras 125 viviendas corresponden a las que la Xunta ha adquirido o va a adquirir de la financiera Abanca y de la Sareb, la sociedad para dar salida a los activos tóxicos de la banca rescatada.

En cuanto a la vivienda de protección, el Gobierno gallego va a seguir impulsándola, pero "no directamente" sino a través de empresas privadas o cooperativas.

Así, según ha anunciado Rueda, la Xunta va a poner a disposición de los promotores "todo el suelo" que ahora mismo tiene disponible, que son 17 parcelas en las que se podrán llegar a construir unas 1.000 viviendas para que tengan carácter de protegidas.

Además, continuará el acondicionamiento de suelo que la Xunta tiene en el polígono de Navia, en Vigo, para 1.600 viviendas, y otras 500 en el barrio Xuxán, el antiguo parque Ofimático de A Coruña.

De esta manera, prevé completar las 3.000 viviendas que "promovidas por parte de empresas privadas o cooperativas tendrían el carácter de vivienda protegida" y se añadirían a las más de 5.600 que habrá en 2026 para alquiler social.

Por otra parte, la Xunta ha vuelto a remitir al Gobierno central sus reclamaciones para la modificación de la actual planificación eléctrica 2021-2026, que incluyen varias subestaciones nuevas o ampliadas para conseguir una potencia de 1.200 megawatios hora adicionales.

Este incremento de potencia es "absolutamente imprescindible", según Rueda, para asegurar los 5.500 millones de euros que suman varios proyectos industriales "absolutamente viables y ciertos".

Por eso, ha reiterado al Gobierno la petición que ya le hizo en noviembre pasado de una subestación de muy alta tensión en Vigo para dar servicio a la planta de la multinacional automovilística Stellantis.

La petición incluye también nuevas subestaciones o ampliaciones para satisfacer la demanda del proyecto textil de la firma Altri,y las plantas para producir hidrógeno 'verde' en As Pontes y Meirama, así como una factoría de grafito para baterías de la firma Resonac en A Coruña o la biofábrica de Ence también en As Pontes, entre otros proyectos.

Rueda también ha vuelto a pedir al Gobierno saber una fecha para la llegada de los trenes Avril a Galicia, que permitirán ampliar la alta velocidad en la red ferroviaria gallega más allá de Ourense, y ha calificado de "falta de respeto la desinformación" sobre esta cuestión que es "fundamental" para la comunidad.

El Consello de la Xunta ha estudiado este jueves el informe sobre el cierre del ejercicio presupuestario de 2022, en el que Galicia "mejoró el objetivo de déficit previsto", ha destacado Rueda, que se situó en 0,4 % del PIB, dos décimas por debajo del establecido en las cuentas públicas, lo que ha permitido a la comunidad "endeudarse 210 millones menos de lo que estaba estimado".

Además, Galicia sigue siendo la segunda mejor en el plazo de pago a proveedores, con 15 días frente a los 25 días de la media nacional, y recuperó el PIB prepandemia antes de finalizar el año al situarse al cierre del ejercicio en un 3,8 %.

Rueda ha asegurado que la Consellería de Hacienda espera que la previsión de crecimiento para este año 2023 también "se cumpla", aunque sea mucho menor que la del ejercicio anterior.