Activistas ucranianos a favor de los derechos humanos denunciaron este viernes el delicado estado de salud de Mariano García Calatayud, un jubilado español de 75 años que fue detenido en marzo de 2022 por fuerzas ocupantes rusas en la ciudad de Jersón y ha sido sometido a torturas y sufrió un ataque al corazón.

"Durante las torturas tuvo daños en la dentadura y la mandíbula, también sufrió un ataque al corazón. Se encuentra incomunicado pese a su avanzada edad y sus necesidades desesperadas de cuidados", explicó a EFE Anastasia Pantielieieva, una investigadora de la ONG ucraniana Media Initiative for Human Rights (MIHR).

Una delegación de esta ONG -que ha documentado de forma extensa las detenciones arbitrarias de civiles ucranianos por parte de fuerzas ocupantes rusas- presenta este viernes nuevos datos y el testimonio de las víctimas en una reunión en Viena de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

García Calatayud, un antiguo funcionario municipal de una localidad valenciana que se mudó a Jersón en 2014, donde vivía con su esposa ucraniana, fue detenido en esa ciudad por tropas rusas el 19 de marzo de 2022 cuando participaba en una protestas contra la ocupación.

Desde la ciudad de Jersón, que fue liberada por Ucrania el pasado noviembre, fue trasladado a Simferopol, en la península de Crimea, también ocupada por Rusia.

Según MIHR, García Calatayud se encuentra en el Centro de Detención Preventiva Número 2 de Simferopol, y según antiguos compañeros de cautiverio con los que ha hablado esta ONG después de ser liberados, ha sufrido palizas en las que le arrancaron a golpes la dentadura postiza y le rompieron algunas costillas.

El verano pasado García Calatayud sufrió un ataque al corazón. El detenido no ha recibido la visita de ningún abogado ni se le permite comunicación exterior alguna, y como no habla ni ucraniano ni ruso eso agrava su situación, según MIHR.

Los expertos de esta ONG han identificado a 948 civiles ucranianos detenidos de forma arbitraria por fuerzas ocupantes rusas, entre ellos García Calatayud, aunque temen que la cifra real puede ser hasta siete veces superior.

Esta ONG califica a estos prisioneros como "rehenes" ya que su detención, aseguran, fue arbitraria, y no se han presentado cargos ni hubo garantías judiciales de ningún tipo.

Según el derecho internacional, la detención arbitraria y la toma de civiles como prisioneros durante un conflicto armado están prohibidas.

La ONG considera que la práctica generalizada y planificada de deportar y retener a ucranianos en centros de detención especialmente preparados, como el de Simferopol donde está el ciudadano español, puede constituir incluso un crimen contra la humanidad.

En estos centros, denuncia MIHR, son habituales los malos tratos y existen pésimas condiciones de reclusión.