El Gobierno británico negó ayer que estuviera detrás de la decisión de sus funcionarios civiles de remitir al ex primer ministro Boris Johnson a la Policía por posibles nuevas infracciones de las reglas durante la pandemia. La Comisión de Ética y Privilegios de la Cámara de los Comunes investiga actualmente a Johnson para establecer si mintió cuando dijo en su día en el Parlamento que no sabía que las fiestas celebradas en la residencia oficial de Downing Street durante la pandemia violasen las normas establecidas contra el covid. 

El antiguo líder conservador ya fue multado en su momento por violar las reglas de distancia social que su mismo Ejecutivo había impuesto en 2020 para controlar la propagación del coronavirus. Ahora, los funcionarios de la Oficina del Gabinete comunicaron a la Policía nuevas posibles infracciones de Johnson durante la pandemia, concretamente de unas visitas de familiares y amigos a Chequers, la casa de campo del primer ministro en Buckinghamshire, en Londres, al surgir nueva información.

Johnson, que se vio obligado a dimitir el año pasado a raíz de la crisis del “partygate” (las fiestas en la sede del Ejecutivo durante los confinamientos), cree que la decisión de la Oficina del Gabinete de remitirlo a la Policía esconde “motivos políticos”. “Parece que algunos dentro del Gobierno han decidido hacer sugerencias infundadas tanto a la policía como al Comité de Privilegios. Muchos concluirán que esto tiene las características de otra trama con motivos políticos”, agregó un portavoz de Johnson.
 

Sin embargo, el ministro de Justicia británico, Alex Chalk, dijo a radio LBC que “no hubo intervención ministerial”. “Se está llevando a cabo una investigación. En su transcurso, los abogados deben revisar la documentación para garantizar que se pueda divulgar. Salió a la luz material que fue pasado a la función pública. El servicio civil consideró que de acuerdo con su código, y sin intervención ministerial, eso pasó a la policía”, añadió.
 

La Policía Metropolitana informó de que está evaluando la información recibida, como posibles infracciones entre junio de 2020 y mayo de 2021 en Chequers. La Oficina del Gabinete dijo, por su parte, que los funcionarios se habían visto obligados a revelar los documentos a las fuerzas del orden en virtud de las reglas del servicio civil. A raíz del “partygate”, Johnson se vio forzado a dimitir en julio de 2022 después de que numerosos miembros de su Gobierno, entre ellos el actual titular del Ejecutivo, Rishi Sunak, decidieran renunciar a sus puestos.